Por: Carlos Meneses

En el proceso electoral próximo, los peruanos deben apoyar una política de descentralización y vigilar que se cumpla, castigando con severidad a los que persistan en desoír el reclamo de las regiones, provincias y distritos.

La mayoría de las obras públicas paralizadas en los últimos años son la evidencia de que la descentralización en el Perú está totalmente detenida por la incapacidad de gestión de los gobernantes regionales y, en muchos casos, por la inactividad de quienes dirigen los concejos municipales.

A la falta de diligencia de los funcionarios encargados de ejecutar los trabajos en Salud, Educación y caminos, se suma el incremento de la corrupción que beneficia a pocos y que permitió que todo un proceso de colaboración en el desarrollo nacional se perdiera por tráfico indebido del dinero estatal en beneficio de bolsillos particulares y a veces favoreciendo intereses internacionales.

Las cosas han ido empeorando con el pasar de los tiempos en lugar de mejorar. No hay justicia para los que esperaban que cada cambio de gobierno significara una modificación del quehacer de las autoridades; como puede verse ante decepción ciudadana y ante sistemas de control que resultaron insuficientes.

El descentralismo era una necesidad desde los tiempos de la Colonia, pero empeoró cuando apareció la corrupción y la indebida utilización del recurso público.

La Contraloría General de la República estima que en los últimos años son miles las obras a medio hacer y es una pena que los niños no tengan escuelas, que los hospitales y las postas médicas sólo trabajen medio tiempo o no tengan servicios indispensables como instalaciones de agua y luz para poder funcionar.

Nadie ha vuelto a hablar de la descentralización, parece más bien una mala palabra que no puede ni mencionarse ni demostrar lo que se necesita en el Perú.