Congreso rechaza fallo judicial: promete defender su competencia exclusiva

En un reciente fallo que ha sacudido el panorama político y judicial del Perú, los Jueces Superiores de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima han emitido una decisión trascendental. Declarar fundada la medida cautelar presentada por Aldo Vásquez e Inés Tello, exmiembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), ordenando su reposición inmediata en dicho organismo. Este pronunciamiento ha generado un debate intenso sobre los límites y competencias de los poderes del Estado.

La medida cautelar interpuesta por Vásquez y Tello ha provocado una respuesta inmediata tanto de la opinión pública como del Congreso de la República. Constitucionalistas de renombre como Hugo Mendoza, Rafael Gertin, Aníbal Quiroga y Omar Cairo han ofrecido análisis y opiniones diversas sobre la legalidad y viabilidad de la decisión judicial. Enfatizando la importancia del respeto a las instituciones democráticas y al estado de derecho.

Congreso rechaza decisión

El Congreso, por su parte, ha expresado su firme rechazo al fallo del Poder Judicial, argumentando que este último no tiene competencia para intervenir en decisiones exclusivas del Parlamento. En un comunicado oficial, el Legislativo ha subrayado su posición. Afirmando que las resoluciones legislativas de inhabilitación de Vásquez y Tello fueron tomadas en pleno respeto al debido proceso y al derecho a la defensa.

«El Congreso de la República rechaza la decisión del Poder Judicial que ordena la suspensión provisional de las resoluciones legislativas de inhabilitación de los señores Aldo Vásquez e Inés Tello, exmiembros de la Junta Nacional de Justicia, decididas por la Representación Nacional con pleno respeto al debido proceso y el derecho a la defensa», manifestó el Legislativo en su comunicado.

Sin embargo, la discrepancia entre los poderes del Estado sobre este asunto plantea interrogantes significativas sobre la separación de poderes y el equilibrio institucional. Mientras tanto, la defensa legal de Tello ha celebrado la medida cautelar. Argumentando que las inhabilitaciones podrían haber representado una amenaza para el estado democrático de derecho y los principios de justicia.