Por: Carlos Meneses

El indulto a Fujimori ha sido refrendado por el Perú como un acto soberano de un país que no ha desacatado las normas sobre Derechos Humanos.

El gobierno peruano ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un alegato en el que se sostiene que en el caso del indulto a Alberto Fujimori se respetaron las normas vigentes y los derechos que le asistían al expresidente cuando recibió el indulto del entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski y que se ajustaron a los modelos internacionales determinando la procedencia que el país consideró prudente para devolverlo a la libertad.

Ha coincidido dicha acción con el afán del gobierno de Perú de presentar la candidatura de Alberto Borea como juez internacional sobre justamente asuntos que ve la Comisión Interamericana y la Corte Internacional de Derechos Humanos.

De tal manera que uno y otro tema están ligados y tienen el propósito de defender la imagen del gobierno y la libertad del exjefe de Estado, ahora fuera del penal de Barbadillo. Es de esperar que ambas acciones tendrán repercusión interna y serán útiles y visibles en el proceso electoral del 2026 o antes, si es que el Parlamento lo decidiera así.

De todas maneras, la libertad de Fujimori se seguirá discutiendo y seguramente también influirá en su decisión de intervenir de alguna manera en el proceso electoral al que sin duda volverá a postular su hija Keiko.   

Fujimori está otra vez en acción política y liberado en parte de los requisitos asistenciales que para poder respirar tuvo mientras estuvo preso y cuando ya era hombre liberado.