Por: Rubén Quiroz Ávila

Se ha intensificado la presentación de proyectos de ley que plantean la creación de más universidades públicas en las regiones. El principio social de ampliar las posibilidades para que nuestros jóvenes accedan a estudiar es de por sí una necesidad que requiere inteligentes y vigilantes respuestas.

Sabemos que solo un 30% de la población en edad de estudiar en la universidad lo puede hacer. Lo cual, para un país como el nuestro que requiere potenciar el talento humano, es una pérdida de ventajas catastrófica.

Cuánto talento se desaprovecha porque un grupo inmenso, fundamentalmente por razones económicas, no puede mejorar sus competencias por falta de oportunidades.

Lo paradójico del asunto, ante una obvia demanda insatisfecha, es que la reacción ha sido casi nula o sumamente lenta a tal punto que las consecuencias del no acceso a muchos jóvenes tienen un impacto socioeconómico negativo para el país. Reducido el margen de perfeccionar sus habilidades y destrezas ante la imposibilidad de seguir estudiando a nivel superior, estos enormes segmentos poblacionales reducen significativamente sus posibilidades. Y es en sí mismo una tragedia nacional.

Para ampliar la cantidad, se diseñaron normas y leyes que permitieron la creación indiscriminada de universidades, que, en algunos casos, permitió la aparición de buenas instituciones y, en otros, más bien simulaciones de instituciones educativas. Pero la respuesta del sistema público fue más bien lerda y no acorde con la exigencia de su tradición y los requerimientos urgentes de la nación.

La respuesta, como lo han sostenido un sinfín de especialistas, es fortalecer la educación pública. Ello pasa por mejorar sostenidamente las remuneraciones de los docentes universitarios para que puedan dedicarse a tiempo completo a la institución. La homologación docente sigue siendo una larga y triste promesa incumplida. Por eso, la enseñanza suele ser poco atractiva. No solo del legendario apostolado educativo vive el profesor. La cotidianidad nos exige realismo. Por supuesto, se tiene que mejorar sustantivamente la infraestructura y actualizar permanentemente los laboratorios. La precariedad no puede ser un signo de la educación. Jamás.

A eso hay que sumarle que es urgente la ampliación de vacantes para los ingresantes a la par de un diseño adecuado de examen de admisión. Y ese incremento tiene que ser exponencial.

No puede ser que cada año miles de estudiantes queden fuera del sistema universitario por un mal diseño de la prueba de ingreso y las pocas vacantes que existen.

Un modelo como el que tenemos está causando un impacto nocivo y sombrío en la sociedad. La creación de nuevas universidades públicas, o filiales de las ya existentes, pueden ser una solución en tanto desde el inicio los recursos estén asegurados para una educación de calidad. Si no, solo será una acción de buena voluntad y un gesto retórico. Y hay que estar atentos a que sean, acaso, pequeños reinos de los caciques locales que, como suele suceder, aprovechan la anomia institucional para fines no necesariamente educativos.