A más de un año de las protestas sociales de diciembre del 2022 -que iniciaron tras el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte como mandataria de la República– los familiares de los muertos que habrían sido asesinados por las fuerzas del orden exigen justicia.

Como se recuerda, dichas protestas que se extendieron hasta el primer semestre del 2023 tuvieron un saldo de 61 fallecidos, según cifras de la Defensoría del Pueblo, de los cuales 49 fueron civiles que habrían muerto por acción directa de policías y militares, en regiones como Ayacucho y Puno. 

Aunque existe una investigación fiscal en ciernes por estos hechos contra la jefa de Estado, el exjefe del Gabinete, Alberto Otárola, así como otros exministros, los familiares de las víctimas llegaron a Lima a exigir la celeridad del proceso de investigación y que, después de tantos meses, se haga justicia. 

Jenny Mendoza, proveniente de Ayacucho; y Rosa Luque, proveniente de Puno, son representantes de la Organización Nacional de Familiares de los Fallecidos y Víctimas de las Protestas de Diciembre del 2022-Enero 2023.

En diálogo con RPP, indicaron que ninguno de sus familiares que habrían sido asesinados por la acción policial y militar participaban en las movilizaciones, ni mucho menos eran terroristas.

«Queremos aclarar a toda la prensa, a los congresistas que se llenan la boca diciendo que nosotros somos terroristas. No somos terroristas, mi hermano no era terrorista ni ha sido asesinado por terrorista. Él nunca tuvo antecedentes policiales, penales ni pisó una comisaría. Jamás», indicó Mendoza, hermana de Jhon Mendoza Huarancca, un hombre de 34 años supuestamente asesinado por la Policía el 15 de diciembre del 2022, en Ayacucho.