El Ministerio Público de Perú ha decidido formalizar y continuar la investigación preparatoria contra varios efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) por la muerte de dos peruanos en Macusani, en Puno. Los mismos que fueron reportados durante el periodo de conflicto social reportado durante los primeros meses tras el ascenso de la presidenta Dina Boluarte al Gobierno. La investigación por los asesinatos, que fueron perpetrados el 18 de enero del 2023 en medio de una fuerte represión por parte de las fuerzas del orden, fue oficializada el pasado 16 de mayo.

Las pesquisas se centran en hechos ocurridos durante las protestas sociales que se iniciaron en Macusani, en el distrito de Carabaya, en Puno; cuando, durante la jornada del 18 de enero, los agentes policiales arremetieron contra la población. Como consecuencia, la Fiscalía ha delimitado responsabilidades para al menos unos 20 policías implicados que enfrentan cargos por el presunto delito de homicidio calificado con alevosía, en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos, en agravio de Sonia Aguilar Quispe y Salomón Valenzuela Chua.

En el documento emitido por el Equipo Especial de Fiscales para Casos de Víctimas durante las Protestas Sociales -EFICAVIP, al que Infobae Perú tuvo acceso, se pudo conocer que en esta investigación, se ha comprendido a los efectivos Luisin Roque Zubizarreta, teniente PNP; el suboficial de primera PNP, Rigoberto Tito Arapa Guevara, entre otros 18 agentes, todos identificados como coautores del delito contra la vida, cuerpo y salud, según Infobae.

Como si esta definición de responsabilidad no fuera suficiente; el EFICAVIP también incluye las acusaciones contra altos mandos policiales como el general PNP David Pablo Villanueva Yana, el coronel PNP Julio Santos Mauricio Contreras y otros dos agentes más implicados por comisión por omisión del citado delito.