Por: Carlos Meneses

Todo lo que sea cautelar los recursos fiscales y respetar las normas vigentes debe seguir como está.

La Constitución de la República no debe cambiar de acuerdo al gusto del jefe de Estado de turno, por lo que no podemos dejar de señalar que es inconveniente un proyecto que el Consejo de Ministros aprobó, el miércoles último, para que se reforme el artículo 117 de la Carta Magna. El Ejecutivo pretende que la mandataria sea intocable hasta el 2026 como hasta ahora.

La propuesta ha sido elevada al Tribunal Constitucional (TC) por el ministro de Justicia, Eduardo Arana. Es de recordarse que, en los regímenes de Toledo, Alan García y Ollanta Humala, la Fiscalía de la Nación no inició procesos de investigación hasta que culminaron su gestión y en el gobierno de Boluarte sí se han abierto carpetas de investigación que comprenden a la jefa de Estado.

Queremos expresar nuestra discrepancia con la proposición justo por los hechos ocurridos en los mandatos de los presidentes señalados y también en el de la señora Boluarte, en el que la Fiscalía ha abierto investigación sobre el caso Rolex y el fiscal de la Nación alista una denuncia constitucional contra la mandataria.

El pronunciamiento del TC será importante para definir las posibles investigaciones que los fiscales puedan considerar como adecuadas para que al término de la gestión los elementos que sirvieron de base para la averiguación subsistan.

Todo acto de control y del correcto proceder debe considerarse como adecuado en tiempos en que es frecuente el abuso de poder de parte de los gobernantes aquí y en otras naciones. Nadie tiene corona en una república respetuosa del dinero de todos los peruanos y los administradores de justicia como son fiscales y jueces deben tener acceso a las averiguaciones que correspondan para proteger el dinero de todos.