Por Silvana Pareja

La pobreza ha sido uno de los mayores desafíos de la humanidad. La visión tradicional asocia la pobreza con la falta de recursos materiales y sugiere que la solución es la acumulación de riqueza. Sin embargo, la frase “Lo contrario a la pobreza no es la riqueza, sino la justicia” invita a una reflexión más profunda. Nos reta a reimaginar las estrategias para erradicar la pobreza, no sólo a través de la creación de riqueza, sino también mediante la equidad, la justicia social y el respeto a los derechos fundamentales.

Es preciso, en este sentido, reconocer que la justicia, concebida como el acceso igualitario a oportunidades y derechos, es un mecanismo más efectivo para reducir las desigualdades que la mera acumulación de capital. La riqueza en sí misma, sin un marco de equidad que garantice la distribución justa de los recursos, perpetúa las diferencias estructurales que han mantenido a una parte significativa de la población sumida en la pobreza.

Para entender mejor esta premisa, debemos recordar las palabras del líder del movimiento por los derechos civiles, Martin Luther King Jr., quien sentenció: “La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes”. Este pensamiento cobra especial relevancia en el contexto de la pobreza. Si la lucha por la justicia no se integra en la lucha contra la pobreza, las desigualdades no solo persisten, sino que se intensifican. Cuando la riqueza está concentrada en manos de unos pocos, sin un marco equitativo, lo que se perpetúa es un sistema de privilegios y exclusiones que profundiza las brechas sociales y económicas.

La pobreza no es solo una cuestión de insuficiencia económica, sino que representa, en su esencia, la privación de los derechos fundamentales: educación, salud, vivienda digna y trabajo son pilares esenciales que, cuando faltan, condenan a generaciones enteras a un ciclo vicioso de marginación y exclusión. La justicia social, por tanto, implica garantizar que todos los individuos tengan acceso a estos derechos, sin discriminación, para poder vivir con dignidad y desarrollar su pleno potencial humano.

La historia nos ha demostrado, en varias ocasiones, que las políticas orientadas hacia la equidad social y la redistribución justa de los recursos tienen un impacto duradero en la reducción de la pobreza.  La historia nos muestra ejemplos de políticas de justicia social que han reducido la pobreza, como el New Deal en los Estados Unidos, que promovió derechos laborales y la seguridad social, o el estado de bienestar en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, que garantizó acceso a la salud y la educación para todos.

En el presente, podemos observar cómo varios países han aplicado políticas que buscan la justicia social como mecanismo de lucha contra la pobreza. Un claro ejemplo es Finlandia, cuyo sistema educativo gratuito y de alta calidad asegura que la educación no sea un privilegio, sino un derecho accesible para todos. Este enfoque ha permitido que Finlandia sea un país con altos niveles de alfabetización y bajas tasas de pobreza, demostrando que el acceso equitativo a la educación es clave para la movilidad social y la reducción de las brechas de desigualdad.

En conclusión, la frase «Lo contrario a la pobreza no es la riqueza, sino la justicia» nos invita a replantear nuestra estrategia para combatir la pobreza. La riqueza por sí sola no puede resolver las profundas desigualdades que existen en nuestras sociedades. Para erradicar la pobreza, es necesario priorizar la justicia, asegurando que se respeten los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y se les brinden las oportunidades necesarias para prosperar. La justicia social reducirá la pobreza y también nos permitirá construir sociedades más inclusivas, equitativas y sostenibles.