Minería ilegal opera 18 áreas naturales protegidas de 12 regiones
La minería ilegal continúa expandiéndose en nuestro país y, por ahora, no hay impedimento para que deje de hacerlo. Además, de afectar la industria minera formal en La Libertad, Puno, Apurímac y Cajamarca; aumentar los indicadores de inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada, viene depredando nuestra flora y fauna.
Un estudio, al que accedió el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), reveló que esta economía ilegal opera hoy, de manera impune desde el 2015, en 18 áreas nacionales protegidas de 12 regiones del país.
Se trata del Parque Nacional Huascarán (Áncash), Parque Nacional Río Abiseo (La Libertad), Parque Nacional Bahuaja Sonene (Madre de Dios), Parque Nacional Cerros de Amotape (Tumbes), Parque Nacional Tingo María (Huánuco), Santuario Nacional Pampa Hermosa (Madre Dios), Reserva Nacional Tambopata (Puno), Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (Loreto), Reserva Nacional San Fernando (Ayacucho) y Reserva Nacional de Tumbes.
La lista, del estudio denominado “Indicadores para entender el impacto de las economías ilegales en el Perú”, la complementan la Reserva Nacional de Junín, Reserva Nacional de Lachay (Lima), Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas (Lima), Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi (Arequipa), Reserva Comunal El Sira (Ucayali), Reserva Comunal Amarakaeri (Madre de Dios), Zona Reservada Santiago Comaina (Amazonas), y Parque Nacional Yaguas (Loreto).
Al respecto, Fernando Castillo, miembro del Comité Organizador de PERUMIN 37, comentó, que, en efecto, la minería ilegal opera en el país principalmente en áreas o zonas protegidas, donde no se puede realizar minería formal.
El experto sostuvo que hay que distinguir a los mineros artesanales de los ilegales, debido a que estos últimos no desean formalizarse y están vinculados a delitos conexos como el lavado de activos, sicariato, trata de personas y organización criminal.
Asimismo, destacó que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) -ampliado por 6 meses- viene siendo usado como herramienta legal por los mineros ilegales para delinquir, debido al Decreto Legislativo N° 1351 que exime de responsabilidad penal con tan solo el hecho de aspirar a ser un minero formal.