Por Miguel Rodríguez Sosa

La censura parlamentaria al ministro Rómulo Mucho era la conclusión previsible a su incapacidad para hacer frente al avasallador poder de la minería ilegal. Un buen empresario en el rubro minero pero pésimo gestor político, durante su desempeño al frente del Minem actuó complaciente ante exigencias de organizaciones de mineros ilegales disfrazados de informales, que consiguieron en su propio despacho obstaculizar la oportuna presentación del proyecto de ley para sustituir el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera) con una «Ley MAPE» (Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal) presentada in extremis con rasgos de incongruencia y clamorosas deficiencias de viabilidad. No obstante la complacencia de Mucho, su cabeza debía rodar para satisfacer las expectativas de la minería ilegal demandando la inmediata prórroga del Reinfo, una más de las que marcan la senda del fracaso de la formalización que de ninguna manera le conviene a la minería ilegal.

Hay que tener en cuenta que la minería ilegal es hoy en día la principal economía criminal en nuestro país; ha superado largamente al narcotráfico; está presente en todas las regiones y se realiza en más de 25 millones de hectáreas a nivel nacional, equivalentes a un quinto de todo el territorio peruano. Con cifras para el año 2022 la minería ilegal aurífera produjo y exportó al margen de la ley 1841 millones de dólares, el 18% del total de las exportaciones peruanas de oro ese año; la pérdida fiscal causada para la economía nacional alcanzó a un 2,5% del PBI anual.

Los mineros ilegales no son pobres ni sacrificados trabajadores de socavón. Son grupos de asociados en modalidades distintas que emprenden medrando en la ilicitud y en la corrupción que su poder económico extiende. Se ha denunciado que sólo en el año 2023 exportaron 77 toneladas de oro a Emiratos Árabes por un monto de 6000 millones de dólares y es notoria la elevada composición de bienes de capital en sus explotaciones: maquinaria para extracción de mineral, flotas de camiones de transporte pesado y otros equipos muy costosos.

Lo que revela la censura al ministro Mucho es, además de su incompetencia, el poder político alcanzado por la minería ilegal que ha penetrado a la representación parlamentaria sin distingo de ideologías y así se ha empoderado en el espacio institucional que es en la actualidad la real sede del poder político en el Perú del fantasmal gobierno de Dina Boluarte. Ha sido notorio el arduo cabildeo de representantes de la minería ilegal en oficinas, salas de reunión y pasillos del Congreso, para obtener en la Comisión de Energía y Minas la inmediata ampliación de la vigencia del Reinfo, que ha demostrado ser contraproducente para cumplir su objetivo. Como ha señalado en un estudio el IPE (Instituto Peruano de Economía) «Al cierre del 2023, existían más de 87 mil productores mineros informales registrados, de los cuales casi 70 mil (80%) se encuentran suspendidos por incumplir con los requisitos mínimos, entre ellos contar con RUC y declarar su producción minera. Por ejemplo, en la provincia de Pataz (La Libertad), de los 3438 registros en el Reinfo, el 75% (2578) se encuentra suspendido».

Es sublevante que no obsta el incumplimiento de los requisitos del Reinfo, pues los productores mineros bajo esta situación de incumplimiento continúan siendo considerados por las autoridades como «informales» y no ilegales, que realmente lo son, impunes frente a acciones de fiscalización.

Control y punición es, sin embargo, pedir demasiado a un Estado totalmente penetrado por el poder de la economía criminal afincado en la minería ilegal. Con seguridad no hay ni habrá alguna fuerza política que enarbole la plataforma de cambiar desde su base los derechos de propiedad sobre la actividad minera obligando a su formalización, tributación e inclusión en el sistema financiero y accionario. El real y profundo quid de la cuestión no está en reformar el Reinfo prorrogado, ni en sustituirlo por una «Ley MAPE» que sería una nueva versión de lo mismo, sino en prescribir y aplicar con rigor una nueva normativa de los derechos de propiedad concesional y de explotación minera.

Dicho con otras palabras, hay una sola manera de acotar con energía y eficacia, para debilitarlo y someterlo, el poder de la minería ilegal. Exige cambiar de raíz el ordenamiento legal y administrativo de las concesiones mineras, revirtiendo los títulos de aquellas que no son conducidas en actividad extractiva por sus propios titulares, para establecer en sustitución un nuevo modelo de concesión que sólo pueda ser otorgado a explotadores directos.

Eso no va a suceder en el marco de los actuales régimen político y sistema de partidos, en los que no hay quién se salve de vínculos con la minería ilegal. En los días que corren, pudiera haberse advertido (y hubiese sido ordinario) que operadores de las organizaciones de esa economía criminal actúen aproximándose a representantes de las izquierdas parlamentarias siempre atentos y dispuestos a relacionarse con toda suerte de activismo. Eso ha ocurrido, efectivamente, pues parlamentarios de esa línea el día 28 han abogado por la inmediata aprobación del dictamen que llevaría al pleno la prórroga del Reinfo. Su posición ha sido concurrente con la de representantes de las fuerzas políticas populistas abogando con matices por lo mismo, pero lo que ha causado sorpresa en algunos es que en las bancadas de la centro-derecha también hubo posturas a favor de ampliar la vigencia del Reinfo.

El escenario parlamentario ha mostrado, pues, que la penetración de la minería ilegal en ese ámbito es en la actualidad transversal a las identidades ideológicas y a los bandos de la confrontación política. Por lo que se conoce, ninguna fuerza partidaria presente en el Congreso se salva del fenómeno. Puede entenderse: el enorme poder económico de la minería ilegal posee una atracción gravitacional irresistible para cualquier organización partidaria con aspiraciones a participar en la campaña electoral que se abre el próximo año con miras a los comicios del 2026. No sólo para las tiendas presentes en el Congreso sino para otras que en tiempo reciente emergen con similares aspiraciones y que –por imperio del terrible ordenamiento electoral vigente– pueden efectivamente aspirar a conseguir una representación congresal con una ínfima proporción de los votos.

Estimo altamente probable (escribo el viernes 29 por la mañana) que en el Congreso se dé luz verde a una nueva ampliación de la vigencia del Reinfo, y que sea por un año es irrelevante: será siempre la penúltima ampliación habilitante de la minería ilegal; no importa si la prórroga de su vigencia es expedida por el Legislativo o si consigue que el Ejecutivo la apruebe por un decreto supremo. Porque ya está clarísimo que el gobierno de Boluarte no tiene la mínima intención de afrontar el problema de la minería ilegal, ni siquiera muestra resolución para reprimir las perturbaciones del orden público causadas por los que bloquean carreteras del país y espacios públicos en el propio centro de Lima.

Mientras tanto, el enorme y creciente poder económico de la minería ilegal le proporciona presencia mediática explotando una artificiosa sensibilidad social, como si los mineros ilegales fuesen unos excluidos de la formalidad, marginados y arrinconados en la linde de la legalidad por su supuesta procedencia de capas populares pobres, por la precariedad de sus actividades y la carencia de reconocimiento de su condición artesanal. No hay tal.

Lo que se presenta en las imágenes propaladas estos días por la prensa es un velo encubridor. Esos «trabajadores mineros» pernoctando ante el edificio del Congreso sobre la avenida Abancay son en realidad cófrades o asalariados de la minería ilegal llegados a Lima incluso acompañados de sus familias, cuya tarea es sostener la economía criminal bregando por prolongar indefinidamente el fracaso de la formalización minera en la que no tienen el menor interés.

Es que la minería ilegal, con sus diversos disfraces, ha urdido una gruesa trama de ilicitudes para su protección. Desde la expedición de títulos sobre concesiones mineras a quienes nunca van a desempeñarse en esa actividad y que «alquilan» los terrenos habilitados con ese derecho a terceros que se dedican a la extracción del mineral. Pero –y aquí viene el despelote– muchos de ellos no lo hacen directamente sino a través de operadores que son, a su vez, sub-arrendatarios en el espacio de la concesión, con las figuras de pequeña empresa, del emprendimiento artesanal o la de etiquetar asociaciones, cooperativas y otras formas mutualistas de la actividad propiamente minera.

Ocurre entonces que los requerimientos del Reinfo para la formalización carecen de interés para los titulares de las concesiones, de las que son arrendadores; que los arrendatarios y quienes son efectivamente extractores del mineral no poseen los títulos legales demandados por el Reinfo, esos que los reales titulares rehúsan transferirles en vía del alquiler por el riesgo de perder la concesión; también acontece que en las concesiones que por alguna razón no están siendo explotadas cunde la invasión abiertamente ilegal y a veces encubierta como derecho ancestral y comunitario preexistente, por parte de pobladores locales o afuerinos; y además, que las explotaciones de arrendatarios y de ocupantes precarios son disputadas con rapiña por grupos de improvisados que extraen y trasiegan minerales al margen de cualquier organización y modalidad de control: robo descarado para el beneficio de acopiadores de mineral actuando en las inmediaciones.

La economía criminal en el filón de la minería se estructura sobre esa superposición abigarrada y confusa de oportunistas coincidiendo en generar poder económico para, sobre esa base, edificar poder político posando como defensores de intereses de sectores populares emprendedores y distintos del «gran capital», en la perspectiva de articular la elusión de la legalidad como manifestación de cultura popular. No puede sorprender la emergencia de nuevas capas sociales enriquecidas con la minería ilegal y sus agencias empresariales conexas, ganando espacio en la formación de actitudes de tolerancia frente a la ostentación de una riqueza cuyo origen ya no se cuestiona. Las costumbres del traficante de productos de la minería ilegal y su creciente relacionamiento con las agencias del poder mediático y con los aparatos del Estado, son cosa de todos los días en los espacios de la prensa ganada por el sensacionalismo que revela con indiferencia los fastos de actores de esa economía criminal con operadores de justicia complacientes en la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial o en agencias del gobierno.

El daño que la minería ilegal puede hacer al futuro del Perú es de extrema gravedad. Como economía criminal no está interesada en transformar las estructuras políticas –no es subversiva– sino que se hace del poder penetrando y pervirtiendo espacios institucionales, corrompiendo a sus funcionarios y asentando usos y costumbres de creciente tolerancia social a la ilicitud. Refugiados en sus todavía cómodos relictos de formalidad, agentes económicos formales, como los de la gran minería y las finanzas, pueden soportar por años el asedio y la penetración de la economía criminal y su cultura, hasta que en algún momento decidan irse del país agobiado y sometido por bandas convertidas mediante elección popular en la clase política que gobierne.