EXHORTA AL PARLAMENTO

La Fiscalía de la Nación emitió un mensaje al Congreso, exhortándolo a determinar plazos claros para el trámite de las 21 denuncias constitucionales pendientes contra altos funcionarios del país. El pronunciamiento surge en medio de las acusaciones contra la congresista Marleny Portero por un presunto caso de concusión.

“Exhortamos a los señores congresistas a fin de que se establezcan o delimiten en el reglamento del Congreso, un plazo en el procedimiento del trámite de las denuncias constitucionales”, indicó el Ministerio Público en un comunicado.

Una denuncia constitucional es un recurso que la Fiscalía puede presentar ante el Congreso contra altos funcionarios públicos, como el presidente, ministros y parlamentarios. Este mecanismo se aplica cuando se considera que alguno de ellos ha cometido una infracción a la Constitución o un delito durante el ejercicio de sus funciones, incluso hasta cinco años después de haber cesado en el cargo. Una vez presentada, la querella es evaluada en comisiones del Congreso antes de ser sometida a votación en el Pleno. Si se aprueba, la Fiscalía queda habilitada para continuar con el procedimiento judicial correspondiente.

Entre las denuncias constitucionales pendientes, destacan las formuladas contra ocho congresistas involucrados en el caso ‘Mochasueldos’ por presunta concusión. Además, figuran denuncias contra el exministro José Prado Palomino, investigado por negociación incompatible, y el exministro Carlos Morán, acusado de falsedad ideológica.

El expresidente Pedro Castillo enfrenta tres denuncias constitucionales: dos por nombramiento ilegal y una por peculado de uso. Por su parte, la congresista María Córdova ha sido denunciada por peculado doloso, mientras que la mandataria Dina Boluarte es acusada de homicidio calificado y otros delitos.

De manera adicional, la Fiscalía presentó una denuncia contra el congresista Raúl Doroteo como presunto autor del delito de concusión en agravio del Estado.

Este jueves el Ministerio Público informó que ha presentado una nueva denuncia constitucional, esta vez contra la congresista Hilda Portero, como presunta autora del delito de colusión en agravio del Estado por supuestamente haber obligado a sus trabajadores a entregar dinero.

“Con este documento suman 21 las denuncias constitucionales puestas en conocimiento del Congreso de la República y que se encuentran pendientes de respuesta, muchas de ellas presentadas a inicio de 2024″, añadió la Fiscalía.

A lo largo de 2024, el Ministerio Público informó sobre la presentación de al menos 26 denuncias constitucionales contra altos funcionarios públicos, entre ellos, principalmente congresistas, la mayoría acusados de concusión.

Entre los denunciados figuran la exparlamentaria Maritza García Jiménez y el exalcalde Salvador Heresi, ambos acusados de enriquecimiento ilícito por desbalances patrimoniales durante sus gestiones. Asimismo, el exministro Carlos Morán enfrenta cargos por negociación incompatible y falsedad ideológica.

Días después, se interpuso una denuncia contra el excongresista Héctor Becerril Rodríguez por enriquecimiento ilícito agravado, debido a un presunto desbalance patrimonial durante su periodo como legislador entre 2011 y 2019; sin embargo, esta fue archivada. Al día siguiente, el exministro Carlos Morán fue denunciado por negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y, en marzo, por falsedad ideológica.