DEMANDAN MAYOR CELERIDAD

Ante la extensión del estado de emergencia en Islay, la Defensoría del Pueblo en Arequipa instó al Ejecutivo regional a transparentar las medidas adoptadas. Aunque la Gerencia Regional Ambiental (GRAM), la Gerencia Regional de Salud (Geresa) y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer) Arequipa ejecutan acciones, los resultados no se difunden. Por lo que emitirán un requerimiento de información.

«El Gore Moquegua tiene mayor participación sobre el estado de emergencia que el Gore Arequipa, por eso exhortamos a la GRAM, la Geresa y el Coer a adoptar medidas respectivas, pero además también a informar a la población sobre las actividades realizadas. Si bien es cierto que ya hay parámetros, se desconoce –por ejemplo– cuánta de la población de Islay pasó por un estudio de contaminación por metales pesados en su sistema. Ocurre igual en otros aspectos», declaró Andrea Sarayasi Tejada, representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa.

Desde la Oficina Defensorial subrayaron que el Gobierno Regional de Moquegua se muestra más transparente al difundir las medidas implementadas. Este publica información sobre reuniones con funcionarios y representantes ministeriales del Gobierno Central. En cambio, el Coer Arequipa no informa adecuadamente sobre sus reuniones ni involucra a las instituciones que deben participar en la emergencia, lo que dificulta supervisar el cumplimiento de compromisos.

Según el seguimiento de la Defensoría del Pueblo, la PCM ha emitido diez declaratorias de emergencia en el río Tambo debido al peligro inminente que representa la contaminación de sus cuencas. La más reciente, oficializada mediante el Decreto Supremo N° 131-2024-PCM, extiende el estado de emergencia en varios distritos de Islay. Sin embargo, los resultados que garanticen acceso a agua potable para la población, flora y fauna de Islay y Moquegua siguen sin materializarse.

Sarayasi Tejada enfatizó que, aunque las declaratorias de emergencia son necesarias, es crucial implementar soluciones sostenibles que aborden las causas subyacentes de la contaminación. «La única alternativa planteada desde el Coer es la instalación de plantas de ósmosis inversa, pero esta no es una solución permanente en el tiempo. Se tiene que plantear proyectos integrales», expresó.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo remitió el Oficio N° 1020 a la Geresa para impulsar la transparencia en la información. Se espera que este documento contribuya a esclarecer las acciones adoptadas y los resultados obtenidos en el marco de la emergencia.