La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, continuará a cargo de la investigación preliminar seguida contra su antecesora en el cargo Patricia Benavides y otros por presunta organización criminal en el Ministerio Público.

Esto debido a que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley, el último 15 de marzo, en la que declaró infundada una tutela de derechos que presentó Patricia Benavides con la que buscaba que Espinoza Valenzuela deje de tener a su cargo esta investigación preliminar a fin de que sea asumida por el Fiscal Supremo Penal competente.

El tribunal presidido por el juez supremo César San Martín adoptó esta medida al declarar infundado el recurso de apelación que presentó la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, a través de su defensa legal, para que se revocara la resolución que emitió el magistrado Checkley Soria respecto a este asunto.

La sala suprema también confirmó el extremo de la decisión del juez supremo Juan Carlos Checkley en la que declaró infundada otra tutela de derechos que interpuso Patricia Benavides para excluir de esta investigación preliminar los actos realizados por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder al sostener que son ilegales por no tener competencia para realizar indagaciones contra una fiscal suprema en el ejercicio de sus funciones como fiscal de la Nación.

El colegiado supremo ratificó, además, el extremo de la decisión del magistrado Checkley Soria en la que declaró infundada otra tutela de derechos de Patricia Benavides para que se ordene al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder el cese de los actos de investigación en su contra y se anule todo lo actuado respeto a su persona a raíz de las declaraciones de su exasesor Jaime Villanueva quien la sindico como la supuesta cabecilla de una supuesta organización criminal dentro del Ministerio Público.

Finalmente, el tribunal supremo también confirmó el extremo de la decisión emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley en la que declaró infundada otra tutela de derechos que presentó la doctora Patricia Benavides para que se ordene anular la disposición por la cual el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder en la que dio inicio a diligencias preliminares especiales por 36 meses decretando en secreto las diligencias por un plazo de ocho meses y se ordene la exclusión de todo lo actos de investigación vinculados directamente a la entrega del información proporcionada por el congresista de la República conocido como el «Agente Roberto».