Por: Christian Capuñay Reátegui

En el 2015 se publicó el libro Los malos, editado por la escritora Leila Guerriero, un conjunto de perfiles sobre los personajes más siniestros de América Latina. Entre asesinos, violadores, narcotraficantes y terroristas destaca la figura de Miguel Ángel Tobar, alias El Niño, delincuente salvadoreño integrante de la temida Mara Salvatrucha, una de las pandillas que actúa en El Salvador y cuyo poder le permitió entablar negociaciones nada más y nada menos que con el gobierno de ese país.

El perfil de Tobar, elaborado por el periodista Óscar Martínez, permite al lector conocer la vesania de las pandillas y como estas llegaron no solo a aumentar la tasa delictiva a niveles nunca antes vistos, sino también a controlar en la práctica parte del territorio y a tener una fuerte influencia en diferentes sectores de la nación centroamericana.

Nayib Bukele, presidente salvadoreño desde el 2019, aplicó medidas contra la criminalidad que incluyen control militar de las cárceles, la suspensión de derechos constitucionales, detenciones masivas sin orden judicial de sospechosos de integrar pandillas, racionamiento alimentario para los presos, entre otras medidas controvertidas.

Tales disposiciones parecen haber contribuido a reducir la delincuencia, pero vale la pena preguntarse si el costo-beneficio las justifica, dado que son blanco de fuertes críticas por la evidente violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Al respecto, cabe apuntar que el número de delitos disminuyó, pero a costa de la pérdida de independencia de algunos poderes públicos, el encarcelamiento de inocentes o la muerte en las cárceles de cientos de detenidos.

Es así como sorprende que ciertas autoridades y funcionarios peruanos manifiesten su anuencia a la implementación en el país de las mismas políticas de lucha contra el crimen.

El actual alcalde de Lima no ha ocultado su deseo de imitar dicho modelo, mientras que el burgomaestre de San Martín de Porres anunció la firma de un convenio para que representantes de municipios salvadoreños informen a funcionarios de su comuna sobre la aplicación de medidas contra la inseguridad. Del mismo modo, otras importantes autoridades destacaron los buenos resultados obtenidos en la nación centroamericana.

Es entendible el clamor ciudadano por la aplicación de acciones que reduzcan la inseguridad, sin preocuparse por si estas son constitucionales o si respetan derechos.

Lo que llama la atención es que determinadas autoridades que deberían promover la defensa de valores, como el respeto a los derechos humanos, se muestren a favor de copiar modelos cuya efectividad tiene como contraparte un enorme costo político y, sobre todo, institucional. Ello sin considerar que hablamos de realidades muy distintas. Si vamos a basarnos en experiencias ajenas que fortalezcan nuestra democracia e institucionalidad y no la debiliten más.