Por Carlos Adrianzén – El Montonero

Nada mejor que iniciar un artículo con una precisión. Si alguna vez se ha preguntado porque esta columna tiene la costumbre de ofrecerle gráficos -charts diría un angloparlante-, la razón es simple. Si toma unos segundos en observarlos, su vida será más fácil y su comprensión del asunto mucho mayor. No tendrá que creer en lo que repite este profesor y tendrá su propia aproximación al asunto. Esto, si hice bien mi trabajo al proporcionarle figuras que le despierten interrogantes.

Dicho esto, respetemos la conexión con el título. Hablaremos de los orígenes del fondo de la corrupción burocrática. Ese fenómeno que destruye nuestro país en las últimas décadas (1960-). Es decir, hablaremos de como se profundizó la prostitución institucional a la que llamamos hoy -con propiedad- corrupción burocrática. Para hacer esto, nada mejor que ponderar sus efectos y las políticas con las que se asoció.

Persiguiendo esta dirección, lo invito a darle una mirada al primer elemento de la secuela de cuatro figuras (ver Figura A). El lado derecho de esta primera figura resume el núcleo de nuestra Historia. El producto, gasto y -hasta gran parte de- nuestro ingreso por persona descubren tres subperiodos. El primero (1960-1990), señala un lapso de severa destrucción institucional. E implica los dos gobiernos de Belaunde Terry, la dictadura militar socialista y el primer gobierno de García Pérez. Ellos alimentaron la génesis y el desarrollo de un esquema de gobierno socialista-mercantilista, así como la -espuria- Constitución de 1979. 

Fue un cuadro de prostitución institucional masiva. Léase: el continuo desmantelamiento de mercados; la inflación del aparato estatal; la elevación de la opresión política y económica; una corrupción burocrática in crescendo; continuas crisis macroeconómicas y la pauperización del país. Ambiente ideal para que un pequeño grupo de terroristas intentase llegar al poder.

Entre 1990 y 1994 -ya con Fujimori Fujimori- se importa parte de la receta del Consenso de Washington y se da otra fase. Una fase de incompleto ajuste institucional que estabiliza, aunque deja pendientes reformas clave de mercado (una suerte de híbrido socialista-mercantilista). 

No se observa nada parecido a los ajustes institucionales suficientes para consolidar niveles de libertad económica y política (al estilo nórdico o siquiera uruguayo o chileno, si buscásemos ejemplos factuales). Con el trabajo a medias, entre 1995 y el 2013, fuimos un ejemplo de éxito. Solo en comparación a la inestable y oscura Latinoamérica de esos tiempos. 

Robándole el vocablo a los argentinos, a partir del gobierno del acusado Ollanta Humala, los afanes de la casta local (partidos, gremios, prensa y agrupaciones políticas) para regresar a un modo Socialista-Mercantilista, ya no se escondían, ni refrenaban El declive subsecuente fue señal de su éxito.

En el segundo gráfico de la figura A, notamos como en todo el lapso nos sub-desarrollamos. La ganancia post noventas en términos de desarrollo económico relativo desaparece. Al final, perdimos cinco puntos porcentuales del producto por persona de un norteamericano. Si, con el primer gobierno de Belaunde Terry, estábamos -relativamente- mucho más cerca de una condición de nación desarrollada. El enorme daño económico del velascato y los gobiernos que los sucedieron no fue subsanado.

Este corolario se refleja perentoriamente en los dos gráficos de la Figura B. La degeneración institucional (incremento de la opresión) posvelasquista se asocia al primer subgrafo de la divergencia creciente en los productos por persona. Explica simultáneamente tanto el rezago económico como la creciente corrupción burocrática. 

Con cifras sobre la evolución de la distribución del ingreso, descubrimos la falsedad de una de las ficciones más repetidas por la casta peruana. Que el crecimiento peruano traía desigualdades. Que no llovía bienestar hacia los más pobres, según el preso ex presidente Toledo Manrique. Ergo, que el crecimiento no les servía. Que había que buscar la equidad. La poca diligencia de sus intelectuales de la izquierda local resulta deprimente. La Figura C contrastaba que el crecimiento económico en el periodo no sólo reducía la pobreza, sino que duplicaba la porción del diez por ciento más pobre de los peruanos. 

Por supuesto que algún observador del cubanísimo Foro de Sao Paulo repetiría -internamente- que esto no les servía, electoralmente. No hay pues sorpresas en el acomodaticio accionar de Toledo, Humala, PPK, Vizcarra, Sagasti o Castillo. 

La última figura en estas líneas descubre la conexión política de la corrupción burocrática nacional. Ellos fríamente entienden que necesitan pobres y que el incumplimiento de la Ley resulta la variable clave. Los gobiernos salvadoreños -previos a Nayid Bukele- no abandonaron el orden público por ineptitud. Buscaron el caos y medraron de ese status quo. 

En el Perú de la presidente Boluarte nada es casual. No nos deben sorprender, ni las cifras rampantes de control o de percepción de la corrupción burocrática ni del incumplimiento de la ley. Tampoco es incoherente el apático accionar del gobierno actual en el mantenimiento del Orden Público. Y en todos los departamentos del país.