Por: Germán Yuca Ch.

Acorde a los últimos reportes de la Defensoría del Pueblo sede Arequipa, nuestra región tiene –al menos– 6 conflictos activos durante el 2023. De esta cifra, cuatro están ligados a la minería y dos a conflictos sociales por desacuerdos en la ejecución de proyectos. Según advirtió la Defensoría, los conflictos actuales han escalado en intensidad, mientras que la respuesta del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) ha resultado ineficiente para mitigarlos. Razón por la que en los últimos tres años ya costaron la vida de 60 arequipeños.

«Advertimos que hay una transformación en la naturaleza de los conflictos sociales en Arequipa. En un primer momento –hace tres o cuatro años– había la participación de una empresa formal de gran minería que iniciaba un proceso de diálogo con las comunidades y era allí donde surgían discrepancias. (…) Ahora la conflictividad ocurre entre concesiones mineras en litigio e involucran a individuos que portan armas de fuego, ocurren enfrentamientos y dejan, en consecuencia, fallecidos», sostuvo el jefe de la Defensoría del Pueblo sede Arequipa, Ángel María Manrique Linares.

La transformación de los conflictos implica que ya no son solo empresas enfrentadas a la población local (como solía acostumbrarse); sino que hoy se tornó en enfrentamientos entre asociaciones de mineros informales que se disputan –con amedrentamientos y amenazas– una concesión. Los cuatro conflictos mineros –actualmente activos– corresponden a los concesionarios de Alto Molino (Condesuyos), Choco (Castilla), Intigold y Kallpa Renace (en Atico – Caravelí) y Edubino (ubicada en el distrito Uchumayo de la ciudad Arequipa). En tanto, los dos conflictos sociales reportados corresponden a los originados en Tía María (Islay) y en Majes-Siguas (Caylloma).

Aunque la mayoría de conflictos mineros tienen mucho tiempo de antelación (años incluso), el ocurrido en Uchumayo es el más reciente y data desde el 2022. Pues según denunciaron los dueños de la concesión Eduvino 2, a inicios de año su lugar de concesión fue invadida y se les impidió el ingreso, bajo amenaza de agresión. Suceso que aún no ha sido mitigado y, caso contrario, ha ido cobrando mayor intensidad con el transcurso de los meses.

«Advertimos que en los casos de Río Grande, Atico, Choco y Eduvino los espacios de diálogo no tienen los resultados debidos. Y se da más enfrentamientos con uso de armas de fuego. Hacemos la invocación al nuevo gerente de la Gerencia Regional Energía y Minas (GREM) –designado hace algunos días– para que tenga un rol mucho más activo de fiscalización en las provincias y así poder atender las quejas», afirmó Ángel María Manrique Linares.

Para el jefe regional de la Defensoría de la Defensoría del Pueblo, el Gore Arequipa –a través de la Gerencia Regional de Energía y Minas– debe promover una fiscalización más activa en temas mineros. Ya sea por temas laborales o por pasivos ambientales. De ser necesario, incluso, se debe buscar un trabajo articulado con la PNP y el Ministerio Público, para poder conseguir una intervención efectiva del mismo Ministerio de Energía y Minas.

Ante el incremento del grado de violencia, la institución exhortó al GRA a tener mayor «decision política» y asignar los recursos necesarios para enfrentar la conflictividad originada por la minería informal. Especialmente porque esta actividad extractiva genera gran cantidad de recursos monetarios, mismos que ocasionan enfrentamientos e, incluso, trata de personas.

«El nuevo gerente debe efectuar –¡ya!– un plan de fiscalización en el tema de formalización minera. (…) Para ello, el Gore Arequipa debe asignar los recursos presupuestales para efectuar dicho proceso de inspección», sostuvo Manrique Linares.

SIN PRESUPUESTO

Como se recuerda, el exgerente regional de Energía y Minas, Yakir Rozas, aseguraba que la dependencia del GRA carecía de presupuesto suficiente para intervenir en la totalidad de zonas mineras. Es decir, no contaban con dinero para inspeccionar las zonas en conflicto y, menos aún, para intervenir y solucionar una disputa entre mineras.

Ante esta situación, la pasada gestión del GREM solicitó presupuesto para poder cumplir adecuadamente su labor e inspeccionar las concesiones mineras. No obstante, el pedido quedó inconcluso ante el imprevisto retiro de Rozas. Pues durante la primera semana de setiembre, el GRA designó a Iván Prado Barreto como nuevo gerente regional de Energía y Minas. Ahora esta responsabilidad recae en él, quien deberá afrontar una conflictividad ingente en la región.