Los fiscales supremos titulares Pablo Sánchez y Juan Villena indicaron que según la denuncia del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder contra Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, ella habría incurrido en hechos graves que no se condicen con el desempeño de su cargo.

Los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos solicitaron el lunes la renuncia de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, luego de que se le involucrara en una investigación por parte del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder.

Mediante un comunicado, los fiscales supremos Pablo Sánchez y Juan Villena señalaron que, de acuerdo con la denuncia contra Jaime Villanueva, exasesor de la Fiscal de la Nación, ella habría incurrido en hechos graves que deben ser sometidos a investigación penal.

En esa línea, indicaron que estos hechos no se condicen con un desempeño debido de su cargo como Fiscal de la Nación. Asimismo, precisaron que su renuncia es necesaria para que la investigación que realiza el Ministerio Público no se vea afectada.

La investigación a la que los fiscales supremos hacen referencia se da en el caso ‘La Fiscal y su cúpula de Poder’, la cual sitúa a Patricia Benavides como cabeza de una presunta organización criminal dentro del Ministerio Público.

Esta organización habría actuado irregularmente para lograr la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia y la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Asimismo, según la investigación, habrían tenido injerencia en el nombramiento del actual Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.

Como parte de esta investigación, durante la madrugada del lunes se realizó la ‘Operación Valkiria’, con la cual se logró la detención preliminar del asesor de Benavides, Jaime Villanueva, quien durante la madrugada fue cesado en su cargo de confianza como gerente central de Despacho de la Fiscalía de la Nación.

En este caso también se investiga a Miguel Angel Girao Isidro y Abel Hurtado Espinoza, también asesores de Benavides, quienes habrían “instrumentalizado el poder constitucional del monopolio de la persecución penal para beneficio propio”.