Por José Antonio Torres

Pedro Castillo decidió dar un golpe de Estado el 7 de diciembre de hace dos años, siendo vacado incluso por congresistas de las bancadas de Perú Libre y el Bloque Magisterial. Pedro Castillo fue privado de su libertad, sin que se haya producido un abuso de sus derechos constitucionales. 

Dina Boluarte asumió la Presidencia el mismo día de que se frustrara la intentona golpista; sin embargo, nadie debe tener duda de que fue electa vicepresidenta, siendo parte de la misma plancha presidencial, que en su momento integró Vladimir Cerrón. Dina Boluarte militó en Perú Libre, fue candidata a la Alcaldía de Surquillo en las Elecciones Municipales del 2018. La presidenta en ejercicio, siendo abogada, sin embargo está lejos de ser una académica o una especialista en alguna rama del Derecho. Sólo unos días antes de que asumiera la presidencia, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso estuvo a punto de aprobar una Denuncia Constitucional en su contra.

Dina Boluarte ha tratado de formar un gobierno y designar ministros con un perfil técnico, alejados de posturas extremistas. Sin embargo, le es imposible deslindar tajantemente con posturas próximas al estatismo empresarial, como de hecho ha mostrado muy poco interés en tener como prioridad, que la PNP logre la captura del hoy prófugo Vladimir Cerrón. El sentenciado Cerrón fue formado políticamente en La Habana, más allá de su condición de médico, ha sido permanentemente un militante de izquierda vinculado al castrochavismo.

El gobierno que preside Dina Boluarte, no goza del aprecio popular, carece de iniciativa y no tiene una comunicación abierta con los medios de comunicación. El llamado «vocero presidencial» sin luces, está lejos de poder atender las interrogantes planteadas por la prensa en general. Dina Boluarte está lejos de ser una estadista, en el reciente Foro Asia Pacífico APEC realizado en Lima, era claro que cumplió un papel de representación, bajo la atenta dirección del Canciller y de los equipos de Torre Tagle. La inauguración del Megapuerto de Chancay es relevante y a pesar de que en los medios internacionales se ha analizado en extenso el impacto económico y geopolítico de la megaobra; sin embargo ha pasado a un segundo plano el papel de la presidenta Boluarte.

La orden de detención preventiva dictada por el Poder Judicial, contra el señor Nicanor Boluarte, ha agravado la crisis del gobierno; porque existe la convicción en un amplio sector del país de que el señor Boluarte, goza de la protección del gobierno y de la PNP. Alberto Otárola como Presidente del Consejo de Ministros, demostró manejo político y fue decisivo su papel en momentos críticos durante los primeros meses de gestión del actual gobierno. Alberto Otárola hoy declara ante el Congreso, agravando la crisis política al interior del gobierno. Gustavo Adrianzén con pocos dotes políticos, se encuentra en una actitud negacionista, respondiendo a nombre del gobierno, casi de modo solitario.

La reciente censura al Ministro de Energía y Minas, las denuncias respecto a actos de corrupción en programas sociales a cargo del MIDIS y la presión ejercida por los mineros informales ha marcado políticamente las últimas semanas. Todo ello en el marco de una escalada del sicariato y del crimen organizado. Escándalos que involucran a Andrés Hurtado «Chibolín», a una Fiscal Superior y a la ex Superintendente de Migraciones, son parte de una trama que aún se encuentra en su fase inicial. 

Dina Boluarte carece de bancada parlamentaria, se sostiene con la complacencia de bancadas como Fuerza Popular y APP especialmente. En el 2020, Martín Vizcarra había disuelto el Congreso de manera inconstitucional un 30 de setiembre 2019. El Congreso con 105 votos aprobó su vacancia presidencial. Martín Vizcarra se sentía seguro, actuó con desdén con la representación parlamentaria la mañana del 9 de noviembre 2020 (en plena pandemia). Su vacancia y su posterior inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público se sucedieron.

Hoy se encuentra en curso el Juicio Oral contra Vizcarra, por los graves ilícitos cometidos cuando ejerció la presidencia del Gobierno Regional de Moquegua. Es inminente que el Poder Judicial impondrá una sentencia condenatoria contra Martín Vizcarra, quien posteriormente debeŕa afrontar otros procesos penales, por cargos imputados por delitos presuntamente cometidos durante el ejercicio de la Presidencia de la República.

Tengo la convicción de que tarde o temprano la presidenta Dina Boluarte será privada de su libertad. Si Martín Vizcarra ha demostrado siempre frialdad y cinismo; Dina Boluarte está más cerca al boato, a la mentira, a la angurria por el erario nacional, al encubrimiento. Ambos están lejos de ser políticos con vocación de servicio.