Por: Álvaro Cubas, economista del Consejo Privado de Competitividad

PERÚ COMPETITIVIDAD

A poco de culminar el 2024, se ha ejecutado S/46 835 millones del presupuesto para proyectos de inversión pública (66%), lo que representa un incremento de 19%, respecto a noviembre del 2023. En consecuencia, está pendiente de ejecutar la tercera parte de estos recursos. El gobierno nacional, responsable del 37% del presupuesto, necesita triplicar su velocidad de ejecución mensual para alcanzar la meta del 100%. Por su parte, los gobiernos regionales y locales enfrentan desafíos aún mayores, requiriendo multiplicar 4 y 9 veces, respectivamente. Es evidente que aún se está lejos de alcanzar el 100% de ejecución.

Uno de los temas más preocupantes es que 29% de los proyectos con presupuesto (18 648) registre una ejecución cero. El problema no radica en la falta de recursos, sino en la gestión. Entre 2019 y 2023 se crearon más de 71 mil proyectos nuevos, la mayoría de baja escala y con costos menores a S/5 millones. A ello se suma un preocupante promedio de 10 000 proyectos descontinuados al año, es decir, aquellos con un avance menor al 80% que no recibieron presupuesto al año siguiente. Esta ineficiencia de la gestión genera sobrecarga administrativa y debilita el impacto agregado de la inversión pública.

El costo de no actuar es demasiado alto. Cada obra no ejecutada representa una oportunidad perdida para generar empleo, dinamizar la economía y mejorar la calidad de vida de la población. En un país con necesidades insatisfechas, la ineficiencia en la inversión pública es inadmisible.

Al respecto, desde el Consejo Privado de Competitividad se insiste en Diseñar una metodología para la habilitación de recursos para proyectos de inversión durante el transcurso del año fiscal. La propuesta consiste en desarrollar una metodología que permita identificar criterios objetivos para la selección y priorización de proyectos, así como un indicador de capacidad de las entidades, asegurando que la cartera de proyectos se ajuste a la capacidad de ejecución de cada entidad y, de este modo, garantizar la continuidad de los proyectos.

Asimismo, se plantea Agregar proyectos que impacten de manera significativa en el ámbito productivo y social — por ejemplo, cierren brechas de condiciones mínimas territoriales— deberán ser encargados a unidades ejecutoras especializadas — a nivel regional o nacional — que cuenten con las mejores prácticas internacionales y con facilidades para la ejecución de los proyectos. Esto permitirá acelerar la ejecución de los proyectos de inversión para el cierre de brechas en beneficio de los ciudadanos.

La inversión pública debe apoyar el desarrollo para eso es necesario una planificación y ejecución eficiente. El Perú no puede permitirse esperar.