Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional (TC), abordó la posibilidad de que el exmandatario Martín Vizcarra, quien fue vacado y afronta dos inhabilitaciones, aspire a postularse en las elecciones generales de 2026. Durante un encuentro con la prensa en los pasillos del Congreso, Pacheco ironizó con el interés del líder de Perú Primero.

Dado que el exjefe de Estado elevó su caso al TC, la titular de la entidad aclaró que no puede adelantar opinión. Sin embargo, en un comentario que llamó la atención, señaló que Vizcarra tiene la libertad de “soñar” con sus aspiraciones políticas. “Cada quien puede soñar lo que desee”, afirmó.

Además de referirse a las aspiraciones de Vizcarra, subrayó la necesidad de que el país cuente con líderes que posean cualidades específicas. “Si queremos sacar el país adelante, tenemos que contar con personas muy preparadas, muy honestas y muy respetuosas del orden constitucional”, afirmó. Aunque la declaración fue brindada al ser consultada por Antauro Humala, también alcanzaría a Vizcarra pues, según mencionó en una entrevista con Canal N, cerró el Congreso de la República de forma inconstitucional.

“(¿Fue un golpe de Estado entonces?) Sí, porque fue un quiebre de orden constitucional. No existe la denegación fáctica de la confianza, tiene que ser expresa. Creo que eso ya ha quedado delimitado con el fallo nuestro”, expresó Pacheco.

El caso de Martín Vizcarra ha sido objeto de atención desde su destitución en noviembre de 2020, cuando el Congreso lo vacó por “incapacidad moral permanente”. Posteriormente, fue inhabilitado en dos ocasiones para ejercer cargos públicos, una decisión que ha limitado sus posibilidades de participar en la vida política activa. Sin embargo, Vizcarra ha mantenido su presencia en el ámbito público y ha expresado en diversas ocasiones su intención de regresar a la política.

Como se recuerda, la primera inhabilitación en contra del exmandatario se dio en abril de 2021, debido a su implicación en el caso conocido como “VacunaGate”, relacionado con la vacunación irregular contra la covid-19 de funcionarios públicos. En este caso se optó por imponer dicha sanción por un plazo de 10 años.

La segunda inhabilitación, esta vez por cinco años, se dio en mayo del 2022. El impedimento se dio por presuntos vínculos con empresas privadas durante su gestión como ministro de Transportes en el marco del llamado caso Obraínsa. Pese a la prohibición de intervenir en la gestión de empresas y asociaciones privadas, el exmandatario no renunció a sus acciones en la empresa C y M Vizcarra cuando integró el gabinete ministerial.

Pero eso no es todo. También podría afrontar una tercera. El pasado martes 21 de enero la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe que propone inhabilitarlo nuevamente por un período de 10 años para ejercer cualquier función pública. En esta ocasión, la medida se basa en la disolución del Congreso en el 2019.