La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos pidió 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo, así como su inhabilitación por 3 años y 6 meses para ejercer cargo público, al acusarlo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública en agravio del Estado y la sociedad.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluará el martes 11 de marzo el pedido del exmandatario Pedro Castillo para que se ordene el cese del mandato de prisión preventiva que pesa en su contra y se le imponga vigilancia electrónica en el proceso penal que se le sigue por su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

En una audiencia virtual a realizarse desde las 9:00 horas, el tribunal supremo analizará el recurso de apelación que presentó el exjefe de Estado, el último 10 de febrero, contra la resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley, el último 29 de enero, en la que declaró infundada la solicitud que hizo para que en su caso se aplique la vigilancia electrónica (grillete electrónico) por haber surgido nuevos elementos de convicción que demuestran la no concurrencia de los delitos que le atribuye la Fiscalía en este caso.

La defensa legal del expresidente Pedro Castillo demanda que se revoque la resolución impugnada que declara infundada la solicitud de cese de prisión preventiva y, por tanto, se le otorgue a su defendido la vigilancia electrónica.

Ante ello, la sala presidida por el juez supremo César San Martín escuchará ese día a Castillo desde el establecimiento penitenciario de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate, donde está recluido, así como a su defensa legal y a las demás partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión final al respecto en los próximos días.

Está audiencia virtual no pudo llevarse a cabo el último martes 24 de febrero debido a que Carlos Perea, abogado del expresidente Pedro Castillo, se retiró del establecimiento penitenciario de Barbadillo en Ate sin previo aviso a dicho tribunal supremo, bajo el argumento de que se habían presentado inconvenientes técnicos que le impedían ejercer la defensa técnica del exmandatario, por lo que pidió su reprogramación.