Por Jorge Turpo Rivas

La consejera regional, Marleny Arminta, se mostró en contra del convenio que suscribió la gestión del gobernador Rohel Sánchez con SaludPol para que los efectivos policiales se atiendan en los establecimientos a cargo del Gobierno Regional.

CUESTIONAN FIRMA DE CONVENIO

La reciente firma de un convenio entre el Gobierno Regional de Arequipa y Seguro SaludPol, que permite a los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y sus familiares directos acceder a los servicios médicos de 237 establecimientos de salud del Ministerio de Salud (Minsa), ha generado controversia y preocupación en la región.

La presidenta de la comisión de salud del consejo regional, Marleny Arminta, ha manifestado su inquietud ante la falta de capacidad de los centros de salud para atender a esta nueva demanda, sumándose al descontento de pacientes y personal de salud.

El convenio, con una vigencia de tres años, busca asegurar que SaludPol cubra los costos de atención en postas, centros de salud y hospitales de diversas categorías, incluyendo los hospitales Honorio Delgado, Goyeneche, Majes e Iren Sur.

Sin embargo, la iniciativa ha sido recibida con escepticismo, considerando la alta demanda y las grandes brechas existentes en el sector salud.

Marleny Arminta, expresó su preocupación tras visitar varios centros de salud en Paucarpata, Cerro Colorado, Cayma, entre otros.

«Con sinceridad, me preocupa esta firma de convenio. No tenemos la capacidad suficiente de infraestructura y mucho menos médica para la debida atención», afirmó.

La consejera regional también mencionó el caso del centro de salud Horacio Zeballos, donde la población ha expresado su inconformidad debido a la limitada atención.

«Debiendo atender 12 horas diarias, solamente están atendiendo por la mañana y en algunos casos hasta menos», señaló. Arminta añadió que, durante una visita al centro de salud, no se encontraba presente ni la directora ni su reemplazo, siendo atendidos finalmente por una licenciada en enfermería.

Además de la falta de personal médico, Arminta denunció las precarias condiciones de infraestructura en algunos centros de salud. «En este centro de salud hay un nido de palomas, excremento de palomas, por otro lado, filtraciones de agua en el establecimiento, sea en el área de nutrición y en otras áreas. Es totalmente preocupante este convenio», indicó. También mencionó que los servicios higiénicos estaban cerrados y utilizados como almacén.

Ante esta situación, Arminta ha solicitado a la Gerencia Regional de Salud información detallada sobre los lineamientos y criterios de evaluación para la firma del convenio, así como copias de los documentos relacionados.

«No estamos de acuerdo, no tenemos la suficiente capacidad, repito, ni médica ni de infraestructura, mucho menos de equipamiento médico en los distintos nosocomios y centros de salud de nuestra región Arequipa», enfatizó.

El malestar por este convenio también se ha extendido a los usuarios del sistema de salud. En una visita al hospital Honorio Delgado, se constató que más de 100 ciudadanos hacían fila para obtener citas en consultorios externos.

Al ser consultados, manifestaron su desacuerdo con la ampliación de la atención a los efectivos policiales y sus familiares. “No pueden atendernos a nosotros que madrugamos tantos días por una cita y ahora quieren atender a los policías, no entendemos con qué criterio quieren hacer eso”, dijo Ana María Apaza, una paciente que llegó desde Paucarpata.

Por su parte, el consejero regional Cesar Huamantuma también ha cuestionado el convenio y ha anunciado que solicitará un informe a la entidad regional.

“No estamos en contra de la Policía y que sean atendidos, creo que también merecen una atención de calidad, pero nuestro sistema de salud que administra el Gobierno Regional está pasando por una situación crítica, de suma precariedad”, dijo en una entrevista.

La controversia en torno a este convenio pone de manifiesto la fragilidad del sistema de salud en Arequipa y la necesidad de priorizar la mejora de la infraestructura, el equipamiento y la contratación de personal médico antes de ampliar la cobertura a nuevos grupos.

La falta de diálogo y la ausencia de una evaluación exhaustiva de la capacidad de los centros de salud podrían generar un colapso en la atención y afectar la calidad del servicio para todos los usuarios.