Por: Christian Capuñay Reátegui

El reciente anuncio de la autoridad electoral sobre la existencia de 42 partidos políticos aptos para participar en las elecciones del 2026, lejos de ser una muestra de vitalidad democrática, evidencia una fragmentación extrema que agrava la inestabilidad y debilita la gobernabilidad.

Esta multiplicidad no responde a la consolidación de una cultura política plural y participativa, sino a la falta de un sistema de partidos sólido y estructurado. En su mayoría, estas agrupaciones no cumplen con el papel de articular propuestas programáticas coherentes con base en una visión propia del país ni de canalizar las demandas ciudadanas. Por el contrario, muchas funcionan como vehículos de interés personal de sus líderes, quienes las utilizan como plataformas para acceder a cuotas de poder sin una visión de largo plazo para el desarrollo nacional. 

Los efectos de tal atomización ya son palpables en la política peruana. En el Congreso, la fragmentación partidaria ha derivado en parlamentos altamente volátiles y poco eficaces, donde los bloques legislativos cambian constantemente y se priorizan los intereses particulares sobre el bien común. Esta situación impide la formación de mayorías estables, necesarias para impulsar reformas y garantizar la gobernabilidad.

 Asimismo, la proliferación de partidos ha generado una crisis de representación, ya que los ciudadanos encuentran cada vez más difícil identificar opciones políticas con agendas claras y propuestas concretas. Esto ha alimentado el desencanto por la democracia, favoreciendo la aparición de outsiders y liderazgos populistas que prometen soluciones rápidas a problemas estructurales sin un sustento realista. Por ejemplo, ya hay algunos que dicen ser los “Milei” o los “Bukeles” peruanos.

 Ante este escenario, es urgente adoptar medidas para fortalecer el sistema de partidos y evitar que la fragmentación siga socavando la estabilidad democrática. Una de las soluciones más inmediatas es elevar los requisitos para la inscripción y permanencia de los partidos políticos, asegurando que solo aquellas organizaciones con una base sólida y un proyecto político definido puedan participar en las elecciones. Tal reforma podría incluir la exigencia de un número más alto de afiliados, mecanismos de democracia interna más rigurosos y una fiscalización efectiva de sus finanzas y funcionamiento. 

Otra medida clave es la reforma del sistema electoral para incentivar la formación de coaliciones y evitar la dispersión del voto. Un modelo que premie la unificación de fuerzas políticas podría contribuir a generar mayor cohesión y reducir el número de actores con intereses individuales. 

La proliferación descontrolada de partidos es síntoma de un sistema debilitado que requiere reformas para evitar una mayor inestabilidad. El problema es que los llamados a impulsar esas reformas no estarían muy interesados en concretar ese paso porque no les convendría a sus intereses.