PERÚ COMPETITIVIDAD

El reciente informe del Artículo IV del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el Perú ofrece un diagnóstico realista sobre el desempeño económico del país en 2024. Si bien el repunte de los precios internacionales —particularmente del cobre— ha favorecido una mejora temporal de las cuentas fiscales, el Fondo advierte que, sin reformas, será muy difícil sostener esa mejora en el mediano plazo.

El compromiso del Gobierno de alcanzar un déficit fiscal de 1 % del PBI hacia 2028 parece, a la luz de la evidencia, más una intención política que una meta plenamente alcanzable. El Monitor Fiscal del Consejo Privado de Competitividad ya advertía que, más allá del alivio coyuntural que traen los altos precios de exportación, cumplir con esa trayectoria requerirá decisiones estructurales. La rigidez del gasto —especialmente por el crecimiento de planillas— limita severamente los márgenes de maniobra, más aún en un año preelectoral.

Ante este panorama, algunos proponen aumentar la carga tributaria. Pero ello sería un error en un contexto en el que la recuperación económica sigue siendo frágil. La pobreza no ha retornado a niveles pre-pandemia y el ingreso real per cápita recién en 2024 volvió al nivel de 2019. Aumentar impuestos ahora podría frenar la inversión, desalentar la formalidad y prolongar el estancamiento. La solución, más bien, está en mejorar nuestra alicaída productividad. Solo así podrá ampliarse la base tributaria sin alzas impositivas que dañen el crecimiento. Pero eso requiere reformas de fondo que desaten los nudos que frenan el potencial del país.

Uno de esos nudos es la postergación de grandes proyectos de inversión, especialmente en minería. La cartera paralizada por trabas ajenas a las empresas representa una pérdida de producción de hasta 6 % del PBI. Si se consideran los precios actuales del cobre, el impacto fiscal y económico puede alcanzar el 10 % del PBI. Se trata de recursos y empleos de calidad que el país simplemente ha dejado pasar.

En este contexto, es acertada la decisión del MEF de impulsar un shock desregulador. La burocracia excesiva y la mala calidad regulatoria han sido señaladas durante años por el Consejo Privado de Competitividad como trabas centrales al crecimiento. La evidencia muestra que donde se han eliminado barreras, la productividad ha aumentado más de 10 %. Implementar de forma decidida estas medidas puede ser una de las palancas más eficaces para elevar el crecimiento potencial.

A la par, la informalidad sigue siendo un freno estructural. Cerca del 75 % de la fuerza laboral está fuera del marco formal. En microempresas, supera el 90 %, y la productividad de su fuerza laboral es apenas de cerca del 3,0 % de la de una gran empresa. Medidas como el aumento de la Remuneración Mínima Vital encarecen el empleo formal y castigan a los sectores más vulnerables.

La disciplina fiscal sin crecimiento es insostenible. Para consolidar las cuentas públicas hay que enfrentar los problemas estructurales. Sin productividad, no hay consolidación posible.