Irregularidades se dieron en obra de saneamiento básico. En el distrito de San Antonio recibieron materiales distintos a lo solicitado en obra de saneamiento y no cobraron penalidad.

EN MOQUEGUA

La Contraloría General de la República halló irregularidades en la adquisición de tuberías para la obra de saneamiento básico en las asociaciones de vivienda Pampas de San Antonio y anexos. Esto generó un perjuicio económico de S/ 1 523 935. Asimismo, se identificó presunta responsabilidad penal, funcional (PAS) y administrativa contra siete exservidores de la Municipalidad Distrital de San Antonio.

Según el Informe de Control Específico n.° 132-2024-2-0446, que evaluó el periodo del 1 de noviembre de 2022 al 30 de abril de 2023, el municipio compró materiales a través del Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco. Sin embargo, la oficina de abastecimiento contrató los bienes sin la aprobación del área usuaria y modificó las especificaciones técnicas establecidas en el expediente de obra.

Esta situación fue advertida por un exresidente de obra antes del vencimiento del plazo de entrega. Aunque se solicitó la anulación de la orden de compra, el jefe del proyecto recepcionó los materiales sin observar que eran distintos a los solicitados.

Por ejemplo, se requerían tuberías de 100 y 12 metros de longitud, pero se aceptaron tubos de 100 y 6 metros, lo que obligaría a la entidad a adquirir uniones de electrofusión no previstas en el expediente técnico y generaría un gasto adicional de S/ 216 394.

Además, los materiales llegaron fuera del plazo establecido, lo que debió implicar el cobro de una penalidad de S/ 38 098 a favor de la municipalidad, lo cual no se ejecutó.

La Contraloría halló presunta responsabilidad penal, funcional y/o administrativa en quienes se desempeñaron como jefe de proyecto, residente de obra, jefe de abastecimiento, director de la Oficina General de Administración, inspector de obra, encargado del almacén central y el almacenero de obra.

El informe recomienda a la Procuraduría Regional Anticorrupción iniciar acciones penales contra los presuntos responsables. También dispone que el Órgano Instructor de la Contraloría procese a los exservidores implicados y que el titular de la municipalidad disponga el deslinde de responsabilidades.