PJ preocupado por cambio normativo para suspender a jueces supremos

Presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, cuestiona proyectos de ley.
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, expresó su preocupación por la propuesta de modificatoria del artículo 89 del Reglamento del Congreso, que reduce a 50 el número de votos de los congresistas para suspender a las altas autoridades, entre ellas, a los jueces supremos.
“No se nos requirió opinión a los jueces; como es una norma reglamentaria quizá se pensó que no era necesaria, pero consideramos que debíamos haber participado (en el debate) porque nos afecta”, señaló Tello Gilardi.
La modificatoria señala que luego de aprobarse el antejuicio a una autoridad comprendida en el artículo 99 de la Constitución (Presidente de la República, ministros, jueces supremos y otros) para que sea procesada por un delito, el pleno del Congreso vota en la misma sesión la suspensión indefinida del cargo.
Por otro lado, Tello Gilardi refirió que la Sala Plena de la Corte Suprema está de acuerdo en que el proyecto de ley que propone que el Senado nombre a los jueces supremos sí afectaría sensiblemente la independencia del Poder Judicial.
“El Poder Judicial de Perú es considerado uno de vanguardia entre los países en cuanto a protección de los derechos fundamentales, precisamente porque es independiente del poder político”, indicó.
Tello Gilardi también cuestionó el proyecto de ley que plantea que la Presidencia del Poder Judicial recaiga en el juez supremo más antiguo, y que cuando termina su periodo sea cesado, e incluso se aplique de manera retroactiva; es decir, que cesen todos los presidentes anteriores.
“Eso no tiene sentido, es una preocupación que compartimos con toda la Sala Plena de la Corte Suprema”, remarcó.
Expresó, asimismo, su desacuerdo con el proyecto de ley que busca que el Poder Judicial no realice el control difuso sobre leyes promulgada por el Congreso de la República, lo cual, sostuvo, tendría que analizarse con mucho detenimiento.
Expresó, además, su disconformidad con una iniciativa legislativa que prohíbe al Poder Judicial recibir financiamiento con fondos del extranjero.