Protesta de trabajadores de construcción civil en el GRA.

ANTE MINISTERIO PÚBLICO

A raíz de los actos de agresión e impedimento de acceso a la sede central del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), la Procuraduría Pública Regional interpuso al menos tres denuncias contra integrantes del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de Arequipa (STCCA). Los incidentes que generaron las denuncias ocurrieron en mayo y están actualmente a cargo del Ministerio Público; institución que deberá fijar fechas para dar continuidad a las acciones judiciales.

Las primeraa dos denuncias se presentaron contra el STCCA por bloquear los accesos principales de la sede central del GRA, ubicada en la avenida Kennedy. Esta acción, registrada el pasado 13 de mayo, impidió el ingreso de los servidores públicos a sus centros de trabajo durante al menos tres horas. El caso fue derivado a la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata, instancia que continuará con las diligencias correspondientes.

El tercer caso está relacionado con la agresión contra Reyna Reyna Salinas, residente de obra en el proyecto La Nueva Molina. Evidencia fílmica muestra a integrantes del STCCA amenazando e intentando agredir a trabajadores contratados por el GRA. Ante este escenario, la Procuraduría inició acciones legales por daños a la propiedad y actos de violencia. La denuncia fue formalizada el pasado 21 de mayo ante la sede del Ministerio Público en Cerro Colorado.

«Dentro de un Estado de derecho, ante quejas laborales se debe acudir a Sunafil (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral). Desde allí se determina si existieron excesos o abusos de autoridad en el ámbito laboral. Si los integrantes del STCCA no están conformes, pueden recurrir al Poder Judicial para hacer valer sus derechos. En todo caso, desde cualquier punto de vista, las personas merecen respeto», declaró Amparo Begazo Burga, procuradora pública del GRA.

Finalmente, desde la Procuraduría Pública de Arequipa subrayaron que será el Ministerio Público, como titular de la acción penal, quien deberá determinar cuántos obreros resultan responsables, así como establecer las fechas para formalizar las investigaciones.