Por Jorge Turpo R.

En el 2024, Arequipa sólo logró reducir su tasa de informalidad en apenas en 0.3 puntos porcentuales. Mientras no hay importantes proyectos de inversión en el corto plazo.

AREQUIPA ATRAPADA EN LA INFORMALIDAD

Seis de cada diez trabajadores en Arequipa viven atrapados en un sistema que no les ofrece pensiones, seguro de salud ni estabilidad laboral. Más de medio millón de personas, según datos del INEI, están condenadas a subsistir sin ninguna protección social.

La informalidad laboral no es solo una cifra, es un muro invisible que separa a los trabajadores de sus derechos, a la economía de su desarrollo y a la región de su verdadero potencial.

Durante el 2024, Arequipa logró reducir su tasa de informalidad apenas en 0.3 puntos porcentuales. Una mejora marginal que confirma una realidad preocupante: el problema no solo persiste, sino que también resiste.

Un informe de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), indica que la calidad del empleo en la región sigue siendo una deuda pendiente, una promesa incumplida que se traduce en precariedad.

Las causas son estructurales. La más significativa: la composición empresarial de la región. Más del 70 % de los trabajadores se concentra en micro y pequeñas empresas (mypes), según el Ministerio de la Producción.

Estas unidades productivas suelen operar con escaso acceso a financiamiento, enfrentan engorrosos trámites burocráticos y carecen de apoyo técnico. Como resultado, para muchas de ellas, la informalidad no es una elección, sino una estrategia de supervivencia.

“El impacto es doble: no solo afecta a los trabajadores, que quedan fuera del sistema de seguridad social y expuestos a la vulnerabilidad, sino que también debilita la economía regional”, destaca REDES.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya lo advirtió en 2019: la informalidad reduce la productividad, frena el crecimiento económico y profundiza la pobreza.

Y, sin embargo, nada cambia. La tasa de informalidad en 2024 se mantiene casi idéntica a la del año anterior.

La inercia institucional, la falta de políticas efectivas y la poca articulación entre el sector público y privado han hecho que el problema se cronifique.

A este escenario se suma un nuevo agravante: el estancamiento de la inversión privada. La consultora Phase estima que un aumento de un punto porcentual en la inversión privada podría generar más de 12 500 empleos de calidad. Es decir, dinamizar la inversión no es solo una estrategia económica, sino una necesidad urgente para dignificar el trabajo.

CAMINO A SEGUIR

Según el estudio de REDES, revertir esta situación requiere medidas concretas y coordinadas. Para empezar, simplificar los trámites tributarios que dificultan la formalización de las empresas.

También urge reducir los costos legales y operativos que implica pasar a la formalidad. Pero más allá de los números, se necesita capacitar a los emprendedores, brindarles herramientas reales para competir y crecer.

La inversión privada es clave, pero no suficiente. Arequipa necesita diversificar su matriz productiva, apostar por sectores con mayor valor agregado y productividad. Y, sobre todo, cambiar el enfoque de fiscalización. En lugar de castigar, acompañar. En vez de inspeccionar, asesorar.

Aplicar una fiscalización que priorice el apoyo técnico podría ser la diferencia entre seguir en la informalidad o dar el salto hacia la formalización.

El grave problema de la región Arequipa es que no hay grandes proyectos de inversión privada en marca o que se vayan a ejecutar en el corto plazo.

El proyecto minero Tía María (US$ 1 400 millones) es todavía una incertidumbre a pesar de que ya se dieron los primeros pasos para intentar iniciar su construcción.

El proyecto Zafranal corre la misma suerte luego de que un problema judicial sobre los terrenos donde se desarrollará la mina ha dejado todo en suspenso.

Los datos lo dicen claro: la informalidad no ha disminuido porque no se han tomado decisiones audaces. Persisten los obstáculos de siempre. Pero también existen las soluciones. Lo que falta es voluntad. Porque mientras las cifras sigan igual, lo que en verdad está en riesgo no es solo el empleo, sino el futuro de una región que merece trabajar con dignidad.