Más de 140 equipos médicos seguirán almacenados en obras paralizadas

Por Jorge Turpo Rivas

ENCAJONADOS POR LA DESIDIA

A pesar de que la Contraloría les dio la salida legal, los funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa no quieren aprobar el trámite y siguen postergando la decisión. Ahora quieren que el uso de esos equipos se apruebe a través de una ordenanza regional.

Más de 140 equipos médicos siguen almacenados en obras paralizadas, mientras los pacientes de Arequipa esperan por atención que podría salvarles la vida. A pesar de que la Contraloría General de la República ha ofrecido una salida legal para su distribución, los funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa han optado por la inacción. Prefieren el trámite eterno antes que firmar una autorización. Prefieren el silencio antes que el servicio.

Los equipos —rayos X, torres laparoscópicas, anestesiología, material quirúrgico y otros implementos— están guardados como si el polvo les diera más valor que el uso. Fueron adquiridos para los hospitales de Camaná y Maritza Campos, que quedaron a medio construir hace más de seis años.

Mientras los fierros se oxidan en cajas, el hospital Goyeneche atiende a más de cuatro mil pacientes al mes sin los instrumentos necesarios. Sin una torre laparoscópica, por ejemplo, las intervenciones deben hacerse con cirugía abierta. Es decir, más dolor, más días de recuperación, más riesgo de infección. Todo porque los equipos están ahí, pero nadie se atreve a usarlos.

¿Por qué no se usan? Porque la burocracia ha inventado un nuevo trámite: ahora quieren que el uso de esos equipos se apruebe a través de una ordenanza regional. Es decir, en lugar de firmar lo que ya está legalmente avalado, buscan trasladar el problema al Consejo Regional, para que otro lo resuelva.

La Contraloría, que ya cumplió con indicar una ruta legal para liberar esos equipos, no recibió una respuesta satisfactoria. El plazo venció el 22 de mayo. La respuesta, más papeles.

Los funcionarios aseguran que aún están haciendo un “estado situacional” para ver qué centros de salud necesitan qué equipos. Luego, ese informe tendría que ser ratificado por otra gerencia. Y después, quizá, aprobado por ordenanza. Mientras tanto, lo urgente se convierte en anecdótico. Lo técnico se convierte en político. Y los pacientes, en números.

Hospital Goyeneche es uno de los que sufren por el déficit de equipamiento.

Lo paradójico es que la Contraloría intervino justamente para darles una salida. Los funcionarios temían ser denunciados por disponer de equipos de obras no liquidadas, pero el órgano de control ofreció una solución legal que los protegía.

Aun así, decidieron no actuar. No se puede entender tanta desidia sin preguntarse si hay algo más: miedo, incapacidad o negligencia deliberada. Porque no estamos hablando de escritorios o archivadores. Estamos hablando de máquinas que podrían aliviar el sufrimiento humano.

Y esto no ocurre solo en Arequipa y Camaná. En Cotahuasi y Chala, otros dos hospitales también tienen equipos médicos nuevos sin usar. En Cotahuasi, incluso una ambulancia se oxida sin rodar ni una cuadra. Cada tornillo abandonado es una promesa incumplida. Cada caja cerrada es una urgencia postergada.

Cabe preguntarse cómo se permitió la compra de esos equipos desde el inicio de las obras.

Lo lógico es que se adquieran al finalizar la construcción, para evitar que se deterioren o queden desfasados. Pero aquí se hizo al revés. Se compró primero, se construyó a medias y se dejó todo en pausa. El resultado es doblemente grave: inversión mal planificada y equipos inservibles por el paso del tiempo.

Lo que hay detrás no es solo burocracia. Es, también, la sospecha de corrupción. Comprar antes de tiempo, dejar obras inconclusas y luego lavarse las manos es un patrón conocido.

La gestión del gobernador Rohel Sánchez recibió el caso con una solución lista, pero no ha querido usarla. El reloj sigue corriendo y los equipos siguen encajonados.

Lo que también se advierte en este caso es un presunto delito, porque si los funcionarios del Gobierno Regional no ejecutan el trámite para distribuir los equipos médicos, sabiendo que tienen una salida legal, estarían incurriendo en omisión de funciones. Negarse a actuar cuando se tiene la solución a la mano es una forma de violencia burocrática.

Mientras tanto, afuera, hay una fila de pacientes que espera. No por una ordenanza. No por un acta. Esperan por un equipo médico que ya está comprado, pero que duerme en cajas selladas por el miedo o la indolencia.

Deja un comentario