En el último distrito temen un estallido social más complejo.

Redacción Diario El Pueblo

La literalmente gran mina de oro que representa Caravelí ha traído intranquilidad a su población. Eso es lo que pasa cuando la explotación de minerales se hace fuera del marco legal. En la actualidad, hay una guerra por el poder económico. Por ende, el alcalde de Caravelí, Roberto Soto, no ve con malos ojos una declaratoria de emergencia por minería ilícita, pero de forma focalizada y excluyendo a Atico y el conflicto entre las dos “Calpas”.

“Una declaratoria en toda la provincia, no. En Nauquipa (distrito de Cahuacho), en Trece Hermanas (Lomas) y en el distrito capital, por la frontera con Condesuyos. En estos tres puntos específicos, sí. De lo contrario, estaríamos afectando las libertades de una gran parte de la población que absolutamente nada tiene que ver con el asunto en cuestión”, afirmó el burgomaestre.

Asimismo, aseguró que si el estado de emergencia declarado por el Gobierno comprende la intervención de las Fuerzas Armadas, está de acuerdo y, dada la situación actual, resulta necesario.

Sin embargo, Soto Riveros excluye de la participación efectiva del Gobierno a Atico y su conflicto entre las dos “Calpas”, o sea Calpa Renace y Atico Calpa. ¿Por qué?

“Porque primero se deben de agotar las vías de diálogo entre todas las partes. Lo que queremos evitar es un estallido social mayor. No por responsabilidad de unas 30 personas que se autodenominan Frentes de Defensa va a ser así. Para eso se requiere mesas de diálogo, aplicación de la ley, trabajo articulado entre la PNP y el Ministerio Público para prevenir que nuevos componentes ingresen a la zona sin ningún documento que los respalde. Tiene que ir primero la razón antes que la fuerza. No queremos que se incendie la pradera por culpa de algunos».