PERÚ COMPETITIVIDAD

En política, a veces lo más revelador no es lo que se dice, sino lo que se omite. El discurso de investidura de Eduardo Arana, nuevo presidente del Consejo de Ministros, fue una muestra nítida de ese arte de la omisión. Entre cifras cuidadosamente escogidas y anuncios entusiastas, el premier incurrió en silencios que no son casuales: son deliberados. Y eso debería preocuparnos.

La omisión más grave fue el silencio absoluto sobre la situación fiscal. Ni una sola palabra sobre el déficit fiscal, que en 2024 llegó al 3,6 % del PBI, incumpliendo por segundo año consecutivo la regla fiscal. Ni una mención al intento del MEF de ampliar el techo de déficit a 2,8 % en 2025. Tampoco se abordó el desorden legislativo que amenaza con erosionar aún más la sostenibilidad fiscal, como lo advirtió el Consejo Fiscal frente a más de 30 proyectos de ley irresponsables.

Este olvido no es menor: revela una desconexión peligrosa entre el relato oficial y la realidad. En medio de precios altos de commodities —cuando deberíamos estar consolidando reservas y reduciendo deuda— se justifica gastar más y sin mayor compromiso con la responsabilidad fiscal. Es como si el gobierno no sólo negara el incendio que viene avivando el Congreso sino que lo apoya.

La narrativa oficial celebró avances en inversión pública y el ofrecimiento de más dinero. Pero, para qué, si las cifras de ejecución que el mismo Ejecutivo exhibe son lapidarias. En educación, tras invertir más de S/ 30 mil millones entre 2019 y 2024, el acceso a servicios básicos en los colegios públicos se mantiene casi sin movimiento en torno al 30 %. En salud, con S/ 15 mil millones invertidos, el porcentaje de establecimientos con capacidad instalada adecuada sigue estancado en 3 %. Y en transporte, la red vial pavimentada apenas creció 1,3 puntos porcentuales en cinco años. Se ha gastado en inversión pública más de S/ 100 mil millones en 5 años y no se ha logrado mejorar nada.

El premier también celebró el financiamiento de nuevos proyectos regionales por más de S/ 1 300 millones. Pero ¿para qué endeudarnos si los gobiernos regionales ni siquiera ejecutan lo que ya tienen? Entre 2019 y 2024 dejaron sin usar más de S/ 3 300 millones anuales. Mientras tanto, miles de proyectos siguen con ejecución cero.

La informalidad laboral, ese cáncer estructural de la economía peruana, recibió apenas un par de menciones: un régimen temporal para regularizar rentas y un registro de trabajadores informales. En un país donde más del 70 % de los trabajadores vive fuera de la formalidad, es una omisión inexcusable. Peor aún, el gobierno elevó la remuneración mínima en 2024, pese a que ya superaba en 41 % lo que recomendaba la fórmula técnica del Consejo Nacional del Trabajo; un hecho que no ayuda a reducir la informalidad. ¿A quién se está tratando de ayudar? ¿Y a costa de qué?

En inversión privada, las promesas suenan mejor que los hechos. Se anunció una meta de adjudicar 34 proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) por más de USD 8 800 millones. Sin embargo, hasta la fecha solo se ha adjudicado una por USD 97 millones. La meta es tan irreal como la ejecución es lenta. No por falta de ideas, sino por una burocracia asfixiante y una fragmentación institucional paralizante.

Incluso en temas como seguridad ciudadana y lucha contra la minería ilegal, el discurso tuvo más forma que fondo. El oro ilegal representa ya casi la mitad de nuestras exportaciones del mineral, mientras que la tasa de homicidios sube 30 % en un año. Frente a esta amenaza, se prometen medidas sin asignación presupuestal suficiente ni hoja de ruta clara.

Y es que con el Ejecutivo reducido a una administración sin poder político real, sostenido por un Congreso que legisla de espaldas a la técnica, resulta evidente que estos discursos terminan siendo ejercicios de resignación. La falta total de respaldo ha llevado al Ejecutivo a callar frente a las distorsiones que nacen en el Parlamento y de las cuales ya no solo es rehén, sino cómplice. Cómplice de una mediocridad que, sin freno, nos sigue hundiendo.