REFLEXIONES

Las elecciones generales del 2026 pueden redefinir el rumbo del Perú, pero la cuestión esencial no es quién gane, sino si ese gobierno tendrá el músculo político para gobernar. La experiencia reciente demuestra que el problema va más allá de quién accede al poder: reside en las condiciones que enfrentará para ejercerlo.

Con más de 35 partidos inscritos y sin una reforma que ordene el sistema, el Congreso será previsiblemente fragmentado y sin cohesión. Sin alianzas sólidas ni un Legislativo cooperativo, el Ejecutivo corre el riesgo de quedar entrampado desde el primer día. En el peor de los escenarios –lamentablemente, ya conocido– puede verse ante una vacancia presidencial motivada más por intereses políticos que por causalidades constitucionales.

En democracias con instituciones consolidadas, la dispersión parlamentaria se supera con pactos estables y acuerdos programáticos. En el Perú, esos acuerdos son a menudo efímeros, clientelistas o motivados por intereses subalternos. Mientras tanto, padecemos gobiernos truncos, políticas sin continuidad, una representación desconectada y un estancamiento económico que frena la generación de empleo y bienestar para las mayorías.

Frente a este panorama, no basta con lamentarse. Es urgente comprender que la gobernabilidad no recae solo en el presidente electo, sino también en todo el sistema político. Elegir por elegir, sin exigir compromisos concretos, es perpetuar esta crisis. Asimismo, los partidos deben asumir su responsabilidad: la inacción ante esta situación no solo socava la estabilidad del próximo gobierno, sino que también mina la legitimidad de nuestra democracia.

Les corresponde, como actores fundamentales del proceso electoral, poner en discusión propuestas claras para construir una gobernabilidad posible. Ya no basta con competir por el poder: deben demostrar que saben cómo ejercerlo de forma sostenible.

En un sistema dominado por agrupaciones reducidas a espejismos de partido y colmadas de intereses personalistas, resulta casi una paradoja pedirles responsabilidad. Sin embargo, si de verdad se preocupan por el destino del Perú y aspiran al bien común, deben reconocer el peligro que su inacción supone para nuestra democracia.

Es deber de todos –partidos, sociedad civil y medios– poner sobre la mesa propuestas concretas para garantizar una gobernabilidad capaz de sostener al próximo Ejecutivo, blindar nuestras instituciones y evitar que aumenten la desconfianza y el descrédito de la ciudadanía sobre la democracia.