Comisión estaría integrada por miembros de los tres poderes del Estado, sociedad civil y académicos.

La congresista María Acuña Peralta, representante de Alianza para el Progreso (APP), presentó una iniciativa legislativa orientada a restaurar la institucionalidad del Ministerio Público y de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en respuesta a la crisis que afecta a estas entidades fundamentales del sistema judicial peruano.

A través de su propuesta, Acuña plantea la creación de una Comisión Multisectorial de Honor, la cual estaría integrada por miembros de los tres poderes del Estado, representantes de la sociedad civil y académicos.

Esta comisión, presidida por el titular del Poder Judicial, tendría un plazo de 180 días para elaborar un Plan Integral de Reforma Institucional que fortalezca y restituya la legitimidad de ambas entidades.

“El Ministerio Público no puede seguir dividido, enfrentado y deslegitimado. Es urgente ordenar, depurar y reformar las instituciones encargadas de impartir justicia. Con esta propuesta buscamos una transformación técnica y con amplio respaldo que garantice transparencia y profesionalismo”, declaró María Acuña.

La comisión estaría conformada por delegados del Congreso, el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, la Academia de la Magistratura y universidades públicas con trayectoria destacada en formación jurídica. Esta estructura busca asegurar un enfoque plural y técnico para abordar los desafíos que enfrenta la institucionalidad judicial.

La propuesta surge en un contexto de creciente preocupación sobre el debilitamiento de la confianza ciudadana en la justicia. En ese sentido, María Acuña advirtió: “Lo que está en juego es la confianza ciudadana en el sistema de justicia. Es momento de actuar con responsabilidad para evitar que esta crisis continúe deteriorando la democracia y la estabilidad institucional”.

En esa misma línea, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, alertó recientemente sobre el impacto negativo que está generando el conflicto interno en el Ministerio Público. Según el premier, esta pugna no solo compromete la imagen de la Fiscalía, sino que también mina los cimientos de la institucionalidad democrática en el país.

A la tensión se suman los cuestionamientos contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. El fiscal supremo Tomás Gálvez anunció que denunciará a Espinoza por impedirle retomar su cargo, y adelantó que enviará una denuncia al Congreso y otra a la Junta Nacional de Justicia, solicitando una sanción por esta medida.