La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida por la parlamentaria María Acuña de Alianza para el Progreso (APP), archivó la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes en las protestas realizadas a fines de 2022 e inicio de 2023.

Para que se decidiera el archivo de las cuatro denuncias constitucionales (tres de ellas estaban relacionadas a las muertes durante las protestas y la cuarta que la acusaba por presuntamente usurpar funciones del expresidente Pedro Castillo), los votos llegaron de la bancada de Fuerza Popular y sus aliados (APP, Renovación Popular y Acción Popular), sin ni siquiera ser debatidos.

Acuña señaló que ingresaron 10 denuncias constitucionales. Cuatro de ellas tenían como denunciados a Boluarte Zegarra y a exministros de su gestión, y una a una fueron presentando los informes de calificación, aunque en todos los casos se recomendaba el archivo.

La primera denuncia fue el número 334, presentada por la parlamentaria Ruth Luque, en la que acusa a la presidenta y al expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo Arana, al expremier Luis Alberto Otárola, al exministro del Interior César Cervantes y al exministro de Justicia José Tello Alfaro, de infracciones a la Constitución y la posible comisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves.

En este caso se recomendó el archivo y se aprobó por mayoría, con 11 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.

La presidenta Dina Boluarte aseguró que su Gobierno defiende el Estado de derecho y la democracia. Además, afirmó que seguirá trabajando así hasta el 28 de julio del 2026.

“Desde el gobierno seguiremos defendiendo la democracia, el orden constitucional y la justicia social en busca del bienestar que por años se les negó a nuestros compatriotas de zonas olvidadas del país”, afirmó.