El Congreso ha aprobado en primera votación un proyecto de ley (PL) que propone asignar a los maestros jubilados y cesantes una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial por una jornada de 30 horas. Esto implica elevar las pensiones de aproximadamente S/ 800 a S/ 3 300,6 mensuales. A primera vista, la medida es justa: docentes que dedicaron su vida a la educación pública reciben hoy montos que no cubren una canasta básica, una situación similar que viven todos los pensionistas a nivel nacional. Sin embargo, el problema no es el “qué”, sino el “cómo”. Como todas las medidas populistas, la propuesta parte de una legítima intención social, pero adolece de un profundo vacío en sostenibilidad fiscal y técnica.

De acuerdo con estimaciones del CPC, el aumento propuesto representa un gasto adicional anual aproximado de S/ 5 400 millones, y una proyección acumulada de S/ 26 485 millones adicionales entre 2025 y 2030, lo que equivale a 2,4 puntos porcentuales del PBI nacional en 2024. Es decir, estamos ante una medida con un impacto fiscal desproporcionado que compromete recursos que el Estado no tiene.

En cuanto al financiamiento, el Congreso plantea como sustento el impuesto aplicado a las instituciones educativas privadas y el impuesto a la renta de quinta categoría que ya pagan los docentes en actividad. Sin embargo, tanto el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como el Ministerio de Educación (MINEDU) han cuestionado la sostenibilidad de un eventual fondo constituido con dichos recursos. Además, la propuesta fragmenta aún más la administración de los ingresos del Gobierno general y reincide en una práctica inconstitucional: la aprobación de medidas con impacto presupuestal directo desde el Congreso, pese a que este no cuenta con iniciativa de gasto.

Además de las dudas fiscales, surgen también preocupaciones institucionales. ¿Por qué un docente recibiría S/ 3 300 mientras que un médico o policía jubilado debe conformarse con menos de S/ 1 000? En lugar de construir un sistema previsional más equitativo y sostenible, se está promoviendo una solución fragmentaria que responde más a presiones políticas que a una reforma estructural.

El problema de que el nivel de pensiones es insuficiente y que urge una reforma del sistema previsional en el país es ampliamente conocido. Pero esa transformación debe estar basada en criterios de sostenibilidad, universalidad y progresividad. Debemos garantizar una pensión digna para todos los peruanos, no solo para grupos específicos con mayor capacidad de representación. El camino correcto no es legislar pensiones especiales sin financiamiento, sino construir una agenda fiscal consensuada que permita financiar adecuadamente temas sociales prioritarios como salud, educación y jubilación.

El proyecto de ley también deja interrogantes sobre su impacto a largo plazo. ¿Qué ocurrirá si la RIM se incrementa en los próximos años? ¿Cómo se financiará una pensión creciente para una población que además irá envejeciendo? ¿Qué precedentes se crean al establecer pensiones por ley sin considerar los criterios actuariales ni financieros de los sistemas previsionales? Todas estas preguntas permanecen sin respuesta en el dictamen aprobado.

El Congreso parece ignorar estas advertencias en su afán por ganar popularidad inmediata. Pero gobernar no es solo responder a necesidades legítimas; también es garantizar que las soluciones propuestas no comprometan a futuras generaciones ni agraven los problemas que se pretenden resolver. Si cada sector profesional presiona por una pensión especial, el sistema previsional terminará colapsando por completo.

El Estado peruano necesita una reforma previsional integral que elimine privilegios, reduzca la fragmentación del sistema y asegure un mínimo de bienestar para todos los jubilados. Cualquier medida aislada que multiplique por cuatro una pensión sin una fuente clara de financiamiento solo profundiza las desigualdades y debilita la sostenibilidad fiscal.

Garantizar una vejez digna para nuestros pensionistas, entre ellos los docentes, es una meta que todos compartimos. Pero esa meta debe alcanzarse con responsabilidad técnica, viabilidad fiscal y equidad intergeneracional. Lo contrario no es justicia social: es populismo fiscal. Y el país no está en condiciones de solventarlo.