La comisión especial encargada de fiscalizar los cuatro componentes de la carretera Arequipa–La Joya presentó su informe final y reveló deficiencias que podrían ocasionar el retraso integral del proyecto vial. La principal observación se relaciona con la falta de conexión entre los componentes I y II, correspondientes al puente y la autopista, respectivamente. Además, la negativa del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) en aprobar el adicional financiero n.° 10 podría comprometer la seguridad estructural del puente.

GRA DEBE PLANTEAR SOLUCIONES

El informe de fiscalización concluye que el puente se construyó aproximadamente 27 metros fuera del eje previsto en el expediente técnico, lo que dejó sus cimentaciones a una profundidad superficial. Esta aparente mala ubicación topográfica contradice las recomendaciones del estudio original y pone en riesgo la culminación del proyecto. Más aún, cuando actualmente no existe conexión entre el puente y la carretera, lo que, en las condiciones actuales, imposibilita el uso de la vía.

«El GRA debe plantear una solución. Una de ellas es construir un óvalo o retroceder 500 metros y hacer un nuevo trazo. Esto implicará necesariamente un retraso porque se debe comprar o expropiar propiedades privadas. Nosotros hemos averiguado que hay más de 50 propietarios involucrados. Consideramos que esto ocasionará retrasos y la obra no será entregada en julio», declaró Miguel Ángel Linares Riveros, consejero regional y presidente de la comisión especial.

Respecto al adicional financiero n.° 10, el GRA elaboró una evaluación técnica para evitar la construcción de 11 pilares del puente. Esta negativa se sustenta en que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) modificó la normativa de construcción de puentes en 2022, mientras que el expediente técnico del puente Arequipa–La Joya fue aprobado hace nueve años, por lo que no le corresponde dicha intervención. La evaluación final depende del MTC, que debería emitir su conclusión en los próximos días.

Para Linares Riveros, el reforzamiento de los pilares es estrictamente necesario para la seguridad estructural del proyecto. En ese sentido, auguró que la intervención tendrá que desarrollarse inevitablemente; cuyos procedimientos podrían extenderse por varios meses. «La propuesta de intervención del GRA tiene que ser aprobada, en un plazo de 30 días como máximo, por la Contraloría. Posteriormente, se deberá convocar una licitación. Será imposible concluir el puente durante este año», refirió.

El informe también detalla que el Gore Arequipa resolvió unilateralmente el contrato con la supervisora JNR Consultores debido a la ausencia reiterada de su personal clave, hecho verificado por la Contraloría General de la República. No obstante, esta acción se realizó sin coordinar con la contratista Consorcio La Joya II. En consecuencia, deberán reconocerle gastos adicionales no previstos inicialmente.

Según el informe, la Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos del GRA autorizó el inicio de las cimentaciones sin verificar en campo las condiciones del terreno ni emitir informes técnicos. Esta omisión, relacionada con la falta de revisión de los tramos, implicaría un posible adicional financiero n.° 11, cuya aprobación dependerá de decisiones del GRA. Estas acciones, en conjunto, podrían provocar mayores demoras en la culminación de la carretera Arequipa–La Joya. Solo el componente puente debería entregarse en julio, pero ahora existen dudas al respecto.

Tras la aprobación del informe, el Consejo Regional acordó remitirlo al Ministerio Público y a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del GRA para que se determinen las responsabilidades correspondientes.