La presidenta Dina Boluarte y el expresidente Pedro Castillo, son parte de la contradicción entre realidad y percepción. Veamos: el documento “Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH y la Organización de Estados Americanos – OEA (23 de abril de 2023), textualmente, dice: “El 7 de diciembre de 2022 el entonces presidente de la República, Pedro Castillo, tomó la decisión, por fuera de los procedimientos constitucionales, de disolver el Congreso de la República e intervenir en el Poder Judicial y el Ministerio Público con el fin de
reorganizarlos. Asimismo, anunció su decisión de gobernar por decreto. Ante ello, la Comisión condenó el rompimiento del orden constitucional y saludó, mediante un comunicado de prensa, la rápida actuación de las diferentes instituciones del Estado para el restablecimiento del orden constitucional. En el ámbito interno esa decisión fue denunciada como un golpe de Estado por parte de instituciones de los diferentes poderes del Estado y fue objeto de pronunciamientos condenatorios por parte de distintos países de la región”. (numeral 4 de Introducción, pág. 6).

“Este hecho dio lugar a la captura en flagrancia e investigación penal en contra del expresidente Castillo, así como a una posterior declaratoria de vacancia presidencial. Según lo establecido en la Constitución del Perú, operó la sucesión presidencial de quien hasta entonces fungía como vicepresidenta electa, Dina Boluarte; razón por la que asumió el cargo de presidenta constitucional de Perú. La crisis política desatada por estos hechos dio lugar a masivas protestas en todo el país”. (numeral 5 Introducción, pág. 7).

Para la CIDH y la OEA, el Prof. Pedro Castillo rompió el orden constitucional e hizo golpe de estado y reconoce a Dina Boluarte como presidenta del Perú por sucesión constitucional. Sin embargo, un importante sector de la ciudadanía, califica a Dina
Boluarte de golpista, y considera a Pedro Castillo víctima de una conspiración protagonizada y liderada por el Congreso de la República.

La revista Cosas rotula: “Encuesta de IPSOS: peruanos olvidan el autogolpe y ven a Pedro Castillo como víctima del Congreso”, continúa: “A inicios del 2023, la mayoría de los peruanos consideraba a Pedro Castillo como responsable de intentar quebrar el orden constitucional con su intento de golpe de Estado el 7 de diciembre”.

“A la pregunta. En su opinión, ¿el expresidente Pedro Castillo intentó hacer un golpe de Estado y por eso fue destituido o fue más bien víctima de un golpe de Estado del Congreso que lo destituyó para poner en el poder a Dina Boluarte?”. Los porcentajes de los que respondieron “El Congreso hizo un golpe de Estado contra Pedro Castillo” son: “febrero 2023: 43 %; junio 2023: 50 %; diciembre 2024: 55 %; abril 2025: 59 %”.

La señora presidenta Dina Boluarte, exageradamente, ha señalado, en sus cuatro mensajes a la Nación, “ser la salvadora de la democracia”; y el expresidente Pedro Castillo, quien está con medida coercitiva de prisión preventiva, fantasiosamente, en las audiencias judiciales se presenta como “presidente constitucional secuestrado”. Todo esto, sinceramente, es surrealista.¿Cómo explicar la contradicción entre realidad política y percepción popular? ¿Quién tiene la razón, los magistrados de la CIDH y diplomáticos de la OEA, o los ciudadanos de la encuesta IPSOS? ¿Quién es golpista, Pedro Castillo o Dina Boluarte? Antes de responder, reflexionemos, sobre ciudadanía y democracia, Constitución y golpe de Estado. ¿En política la realidad reina y la percepción gobierna?.