El Gobierno expresó su rechazo a la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), emitida el pasado 3 de setiembre, en la que se dispone la supervisión de los casos Barrios Altos y la Cantuta, al considerar que la aplicación de la Ley de Amnistía podría vulnerar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas. 

EVALÚA CONTINUIDAD EN SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

A través de un comunicado, el Ejecutivo calificó la decisión como “inaceptable” y señaló que la Convención Americana de Derechos Humanos establece que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos “tiene un carácter subsidiario, coadyuvante o complementario”. 

En ese sentido, aseguró que no puede intervenir mientras no se haya agotado la jurisdicción interna. 

“El Perú es un país soberano y democrático que, a lo largo de su historia, ha demostrado un firme y decidido compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, se lee en el escrito.

Por otro lado, el pronunciamiento hace referencia al contexto en que ocurrieron los hechos, vinculándolos con el periodo de violencia terrorista.  

“Nuestro país padeció el terrible embate del terrorismo que pretendía subvertir el Estado de derecho y su democracia”, señala el documento.

A ello, añade que los derechos humanos de todos los peruanos “fueron vilmente violados por los delincuentes terroristas”, generándose “una lucha para salvar la democracia y la sociedad peruana”.

Finalmente, el Gobierno anunció que seguirá evaluando su continuidad dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y planteó la posibilidad de “promover una revisión de las normas sustantivas y procesales que regulan la actuación de sus órganos”.