Como cada año a fines de agosto, el Poder Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley de Presupuesto Público para el siguiente ejercicio. En el 2026, el monto asciende a S/ 257,6 mil millones, apenas 2,3 % más que lo programado en 2025. A primera vista, el crecimiento parece moderado y es uno de los más bajos de los últimos años. Sin embargo, tras esa cifra se esconden dinámicas preocupantes: mientras el gasto corriente, sobre todo en planillas, crece con fuerza, la inversión pública se contrae, y la calidad de la asignación del gasto y su sostenibilidad deja más dudas que certezas.

El gasto corriente muestra la tendencia más inquietante. Crece en 6 % respecto al 2025, pero dentro de este, la partida de personal y obligaciones sociales se dispara en 14 %, lo que significa S/ 11,3 mil millones adicionales en un solo año. Este incremento responde a decisiones adoptadas en 2024 y 2025, que al anualizarse generan presiones crecientes. Es la confirmación de una tendencia: el presupuesto peruano es cada vez más rígido, atrapado en compromisos permanentes que reducen el margen de maniobra para invertir en infraestructura y servicios de calidad. No sorprende que iniciativas como la pensión mínima para docentes —con un costo estimado de S/ 5 400 millones solo en 2026— haya conseguido recientemente la aprobación en segunda votación y esté cada vez más cerca de ser publicada, a pesar de su abierto carácter inconstitucional y fiscalmente insostenible.

El contraste con la inversión pública es evidente. El presupuesto de gasto de capital cae en 13 % (unos S/ 9 mil millones menos). Es difícil creer que el Estado vaya a reducir de manera tan abrupta su inversión; más bien parece una práctica recurrente de subestimar la programación inicial para camuflar el incremento de la planilla y luego ajustar sobre la marcha los montos, vía modificaciones presupuestales durante el año. Esta dinámica de “presupuestos ficticios” erosiona la credibilidad y contribuye a la proliferación de proyectos de baja calidad, además de poner en riesgo la continuidad de los proyectos en ejecución. No es casual que, anualmente, un promedio de 10 700 proyectos se descontinúa en su asignación presupuestal. Además, a agosto de 2025, 37 % de los proyectos tiene ejecución cero pese a contar con recursos asignados.

El servicio de deuda, por su parte, crece 19 % y supera los S/ 32 mil millones. Si bien el Perú mantiene aún un nivel manejable de endeudamiento, este aumento refleja la presión de financiar déficits crecientes en un contexto de reducción del PBI potencial y debilidad de la recaudación. Cada sol destinado a deuda es un sol menos para infraestructura, salud o educación.

El análisis por funciones también revela contradicciones entre las prioridades que demanda la población y las prioridades políticas. La función legislativa es la que más crece (52 %), justificada parcialmente por la implementación de la bicameralidad, pero también por el aumento de la planilla del Congreso, considerando además que el presupuesto del Poder Legislativo se ha duplicado en los últimos cinco años. En contraste, funciones estratégicas como transporte (-2 %), y saneamiento (-14 %), intensivos en inversión pública, sufren recortes. Resulta paradójico que, mientras la economía reclama más productividad y servicios públicos de calidad, se priorice el crecimiento del aparato político.

En un contexto de crecimiento económico insuficiente y de creciente desconfianza ciudadana en las instituciones, el país necesita un presupuesto que marque un rumbo claro hacia las prioridades como país, así como a la eficiencia y la sostenibilidad. Por el contrario, el PL del presupuesto público para el año 2026, en suma, confirma una tendencia de fondo: la tendencia al alza de la planilla que hace más rígido el gasto y reduce la capacidad de invertir y de asignar recursos con visión de futuro. Más que un instrumento de planificación, el presupuesto parece haberse convertido en una herramienta para satisfacer demandas inmediatas y clientelares, en detrimento de una estrategia fiscal responsable.