Ministro del Interior, Carlos Malaver.

El ministro del Interior, Carlos Malaver, se pronunció sobre una posible moción de censura en su contra, luego de presentarse el último jueves ante el Pleno del Congreso para responder un pliego interpelatorio compuesto por 22 preguntas relacionadas con el aumento de la inseguridad ciudadana en el país.

Aunque aseguró haber respondido con transparencia, sus intervenciones no habrían convencido a todos los legisladores, motivo por el cual la congresista Susel Paredes anunció que buscará recolectar firmas para impulsar una moción destinada a destituirlo del cargo.  

“Son mecanismos democráticos y uno tiene que aceptar las decisiones del Congreso o, en todo caso, las decisiones cuando a uno se le retira la confianza por parte de la Presidencia de la República”, manifestó.

“Mientras tanto, uno tiene que estar enfocado en el principal problema que es la lucha contra la criminalidad, situación en la que estamos enfocados desde el Ministerio del Interior y la Policía Nacional”, agregó.

En medio de una creciente ola de inseguridad que dejó 210 homicidios solo en agosto, el ministro del Interior reconoció que el trabajo para enfrentar al crimen organizado “no es suficiente desde el aspecto operativo”.

Por ello, enfatizó en la necesidad de impulsar reformas legislativas como la ampliación de los plazos de detención para personas involucradas en delitos graves.

“Necesitaríamos ese marco legal para poder detener hasta por 15 días a estas personas que se encuentran implicadas en extorsión, sicariato y actividades conexas a esta criminalidad”, sostuvo Carlos Malaver, recordando que actualmente el plazo máximo de una detención policial es hasta 48 horas.

“Para estos escenarios hay que tomar decisiones fuertes y creo que es el momento de poder dar ese marco legal. La Policía está trabajando, hace todos los esfuerzos”, aseveró.

Sin bien descartó por el momento el uso de “jueces sin rostro” para procesar a quienes cometan delitos graves -como propuso el alcalde de Trujillo-, Malaver indicó que esta medida podría evaluarse en caso se registren atentados contra magistrados o fiscales.

«Hasta el momento no hemos llegado a ese nivel porque no se han podido evidenciar atentados contra la vida de magistrados o fiscales. Pero de ser el caso, habría que tener en consideración, porque eso era lo que ocurría en esas décadas del 80 o del 90», apuntó.