Betssy Chávez impedida de dejar el país por fallido golpe de Estado.

El Poder Judicial, a través del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dispuso diez meses de impedimento de salida del país a la exjefa del Gabinete Betssy Chávez, en el marco del proceso penal que se le sigue por el presunto delito de rebelión en agravio del Estado. Ello a raíz de su presunta participación en el fallido golpe de Estado que protagonizó el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022.

La decisión del juez supremo Edhín Campos Barranzuela se realizó luego que se declarara fundado en parte el requerimiento de la fiscal Zoraida Ávalos, quien solicitó dicha medida restrictiva [pero de 12 meses], a fin de asegurar la presencia de la extitular de la Presidencia del Consejo de Ministerio en el juicio oral que afronta por este caso.

Además, el juez supremo Edhín Campos Barranzuela señaló en su resolución que la medida se computa desde el 12 de septiembre del 2025 hasta el 11 de julio de 2026 y que la misma ha sido notificada a la Superintendencia Nacional de Migraciones, para el registro y conocimiento de la medida.

De acuerdo con la resolución judicial, se indicó que en el proceso a Betssy Chávez, que se encuentra en juicio oral, sí «existe sospecha suficiente» para imponer el impedimento de salida del país.

«Conforme al análisis realizado precedentemente, podemos sostener que, en el presente proceso, que se encuentra en juicio oral, existe sospecha suficiente, y por ende, se alcanza el estándar probatorio requerido para el dictado de la medida de impedimento de salida del país», se lee en la resolución judicial.

En el punto vigésimo segundo de la resolución judicial, el juez Campos Barranzuela consideró razonable el plazo de impedimento de salida del país por 10 meses debido que es «un proceso complejo que se encuentra en fase de juicio oral, respecto del cual no se ha brindado mayor información respecto a una fecha probable de culminación»; además, consideró la posibilidad de que el proceso transite por una segunda instancia.

Por ello, aseguró que el impedimento de salida del país «permitirá asegurar la presencia en el país de la acusada Chávez Chino, y su sujeción al juzgamiento, a espera de la conclusión del mismo, máxime la gravedad de la pena que se está solicitando en la acusación fiscal (25 años de pena privativa de libertad por el delito de rebelión), lo que hace imperioso adoptar las medidas coercitivas necesarias para que, de ser el caso, se pueda materializar la ejecución del mandato judicial que se pudiere emitir».