La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó un escrito ante el Poder Judicial en el que solicitó la declaración de ilegalidad del partido Fuerza Popular y, como consecuencia, la cancelación de su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

El documento ingresó a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, bajo el Expediente N.° 1, y marca un nuevo episodio de confrontación entre el Ministerio Público y la agrupación que lidera Keiko Fujimori.

En su petitorio, Espinoza invocó el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, que faculta declarar ilegal a aquellas agrupaciones que incurran en conductas antidemocráticas. Según el escrito, Fuerza Popular habría promovido sistemáticamente acciones que vulneran derechos fundamentales y principios democráticos.

La fiscal sustentó su pedido en cuatro puntos principales: la promoción de actos de hostigamiento contra magistrados, periodistas y opositores; la exclusión de congresistas por motivos de disidencia política; la justificación de atentados contra víctimas del conflicto armado interno; y la legitimación de la violencia como herramienta política.

“La organización política Fuerza Popular incurrió en prácticas que contradicen la esencia del sistema democrático”, expuso Espinoza en su requerimiento.

Además, planteó como pretensión accesoria que se disponga la cancelación definitiva de la inscripción de Fuerza Popular en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) y en cualquier otro registro oficial. Con ello, la agrupación fundada en 2010 quedaría sin reconocimiento legal.

La Corte Suprema deberá evaluar el pedido y decidir si admite a trámite la solicitud que, de prosperar, podría significar la desaparición de una de las principales fuerzas políticas del país.