Por Jorge Turpo R.

Según estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE).

EL DOBLE DEL PROMEDIO MUNDIAL

En el Perú, iniciar la producción de una mina puede tardar lo mismo que dos generaciones completas. Según el estudio “De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú”, elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE) por encargo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), poner en marcha una operación minera demora, en promedio, 40 años desde la exploración hasta la producción.

El doble de lo que toma a nivel mundial, donde el promedio estimado por S&P Global es de 28 años.

El retraso es evidente y preocupante. Mientras el mundo enfrenta la transición energética con una demanda creciente de minerales como el cobre, el Perú —uno de los países con mayor potencial geológico— desperdicia el ciclo de precios altos y la oportunidad de generar desarrollo.

Pero en este diagnóstico hay varios matices: la lentitud del Estado para otorgar permisos es real, aunque también lo es la desconfianza de las comunidades y los pasivos sociales que las propias empresas han alimentado.

La investigación del IPE muestra que 60 % del tiempo se pierde en la etapa de exploración hasta la factibilidad, y el 40 % restante se consume en trámites ambientales, autorizaciones y construcción. En el caso del cobre, el metal estrella del país, el promedio se dispara a 62 años. Es decir, mientras Chile y el Congo consolidan su liderazgo en producción, el Perú sigue atascado en expedientes.

La comparación internacional tampoco favorece: aquí se imponen más procedimientos administrativos que en otros países mineros, los plazos reales suelen exceder largamente los límites legales, y los permisos ambientales o la consulta previa se convierten en cuellos de botella permanentes. El resultado: de los 29 proyectos de cobre más grandes paralizados en el mundo, 9 están en el Perú. Eso significa el 22 % de la producción mundial detenida.

El retraso en los proyectos formales tiene otra consecuencia: expande el terreno para la minería ilegal.

El propio IPE advierte que iniciativas como reducir los plazos de las concesiones, sin atacar el fondo del problema, pueden ser una puerta abierta a los operadores ilegales. Y ya sabemos lo que significa: deforestación, contaminación de ríos, trabajo infantil y economías criminales en expansión.

Si el Estado se demora en dar permisos, la minería ilegal no pide ninguno. Se instala, destruye y reparte migajas. Mientras tanto, el país pierde miles de millones en potencial de inversión y desarrollo sostenible.

EMPRESAS QUE TAMBIÉN FALLAN

Pero sería un error colocar toda la responsabilidad en la tramitología estatal. La historia reciente muestra que muchas empresas mineras han cultivado una relación deficiente con las comunidades donde operan.

En lugar de construir confianza, replicaron modelos de asistencia económica que generan dependencia y frustración. Cuando los precios bajan o las promesas no se cumplen, la conflictividad social explota.

Cajamarca es un ejemplo contundente: redujo su producción de oro en 64 % y hoy es la región más pobre del país, pese a su enorme riqueza mineral. La desconfianza hacia las empresas se ha convertido en un obstáculo tan grande como la burocracia. La minería puede generar riqueza, pero si no mejora su forma de relacionarse con la población seguirá cosechando resistencia.

LO QUE ESTAMOS PERDIENDO

El costo de la parálisis es enorme. La minería genera 2.1 millones de empleos directos e indirectos, equivalentes al 8,2 % del total nacional. Apurímac es la prueba de su impacto: pasó de ser la región más pobre a ocupar el puesto 16 en 2024, triplicando su PBI en pocos años. Sin embargo, el Perú mantiene la inversión minera estancada en apenas 2 % del PBI desde 2020, menos de la mitad de lo que se lograba en el ciclo anterior.

El contraste con Chile es brutal: allá la inversión minera supera el 4 % de su PBI. Y el Congo, un país marcado por la inestabilidad política, desplazó al Perú en 2023 como el segundo mayor productor de cobre del mundo.

REFORMAS URGENTES

El IPE propone un camino: simplificar trámites y fortalecer instituciones como SENACE y ANA; mejorar las relaciones con las comunidades; y combatir con firmeza la minería ilegal. La receta parece evidente, pero exige voluntad política y capacidad técnica que hasta ahora no aparecen.

También requiere que las empresas mineras entiendan que no basta con hablar de competitividad y cifras de inversión. Deben demostrar con hechos que sus operaciones respetan el medio ambiente, cumplen compromisos sociales y aportan al desarrollo regional. De lo contrario, seguirán enfrentando resistencia y retrasos, aunque el Estado agilice los papeles.

El Perú es un país con un potencial geológico inmenso, capaz de generar riqueza suficiente para reducir la pobreza como lo hizo entre 2007 y 2019, cuando cayó de 42 % a 20 %. Sin embargo, ese mismo país mantiene proyectos mineros atrapados por décadas en expedientes, conflictos y desconfianza.

La paradoja es brutal, mientras el mundo corre para conseguir minerales, el Perú camina a paso de tortuga. Al final, quienes ganan terreno no son los que cumplen reglas, sino quienes operan al margen de la ley.