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Esta semana, Arequipa se convierte nuevamente en el epicentro del debate minero nacional con el inicio de PERUMIN 37. Es una oportunidad clave para reflexionar sobre el rol estratégico de la minería en el desarrollo regional y nacional, especialmente en un contexto preelectoral. En ese sentido, quiero destacar cuatro puntos.

Primero, es fundamental reconocer la importancia de la minería para Arequipa y para el Perú en su conjunto. En 2024, Arequipa lideró la producción de cobre en el país, con 453 000 toneladas métricas finas. Se consolidó, así, como una región minera por excelencia. La minería no solo aporta significativamente al PBI nacional, sino que genera empleo y dinamiza la economía local mediante encadenamientos productivos.

Segundo, es urgente reactivar los proyectos mineros paralizados o postergados. La región cuenta con una cartera de proyectos mineros valorizada en USD 8 483 millones, lo que representa una enorme oportunidad para atraer inversión y mejorar la competitividad territorial. El reto principal está en que estos proyectos —muchos de ellos estancados debido a trabas burocráticas, conflictos sociales y falta de liderazgo político— se concreten. En este sentido, la puesta en marcha finalmente de un proyecto como Tía María, que podría incrementar en 27 % la producción de cobre en Arequipa, sería una excelente señal para los inversionistas extranjeros.

Tercero, es imperativo mejorar la eficiencia de la gestión pública para que los recursos generados por el canon minero se traduzcan efectivamente en servicios públicos de calidad. En 2024, el Gobierno Regional de Arequipa dejó sin ejecutar S/ 22 millones provenientes del canon, mientras que los gobiernos locales dejaron sin usar S/ 329 millones. Esta subejecución, sumada a una ineficiente inversión pública reflejada, por ejemplo, en retrasos, sobrecostos y proyectos paralizados, muestra una preocupante incapacidad para transformar los ingresos mineros en infraestructura, salud, educación y seguridad para la ciudadanía. Se requiere fortalecer capacidades técnicas, mejorar la planificación territorial y promover mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Cuarto, PERUMIN 37 pone sobre la mesa un reto adicional: la lucha contra la minería ilegal, que se ha convertido en un flagelo nacional. Este fenómeno no solo genera graves impactos ambientales y sociales, sino que alimenta redes de crimen organizado que infiltran instituciones del Estado y socavan la democracia. La minería ilegal no es un problema exclusivo del sector minero, sino una amenaza para toda la sociedad. Por ello, es urgente fortalecer la institucionalidad, mejorar la fiscalización y promover la formalización con reglas claras y viables.

Arequipa tiene todo para ser un modelo de desarrollo minero inclusivo y sostenible. Pero lograrlo demanda voluntad política, estabilidad jurídica, articulación público-privada y una ciudadanía vigilante y comprometida.