PERÚ COMPETITIVIDAD

Las consecuencias de la grave crisis de inseguridad ciudadana que afronta el país tienen múltiples aristas, como la pérdida de vidas humanas, la reducción de la calidad de vida y también severos efectos económicos. Arequipa no es ajena a esta realidad y las últimas cifras disponibles demuestran que tanto el país como la región aún tienen un largo camino por recorrer en su agenda para derrotar la inseguridad ciudadana.

En lo referido a la pérdida de vidas humanas, solo hasta agosto de 2025 las defunciones por homicidios en Arequipa ascendieron a 39, lo que representa un incremento del 18 % respecto al año pasado y más del doble en comparación con el periodo previo al COVID-19. A esa fecha, las provincias con mayor número de casos fueron Arequipa (27), Caylloma (8) y Caravelí (4).

En cuanto a las denuncias por hechos delictivos, a agosto de 2025 se registraron 19 837, cifra que, si bien es menor que la alcanzada en agosto de 2024, ya supera ampliamente los niveles prepandemia. Para tener una referencia, en todo el año 2019 se reportaron 16 882 denuncias, por lo que en apenas ocho meses de 2025 ya se rebasó ese valor. Cabe destacar que, aunque el total de denuncias ha disminuido, no ocurre lo mismo en delitos graves como homicidios y extorsiones, cuyas denuncias a agosto de 2025 superaron en 49 % y 34 %, respectivamente, las registradas en agosto de 2024.

Esta situación se agrava al notar que, en 2025, el presupuesto asignado a la división funcional orden interno (donde se registran los gastos en seguridad ciudadana) es de S/ 370 millones para Arequipa, 19 % menos que en 2019, a pesar de que, según información del Ministerio del Interior, 3 de cada 10 comisarías no cuentan con acceso adecuado a servicios básicos, y una tercera parte de los vehículos policiales se encuentran inoperativos.

En el ámbito económico, desde el Consejo Privado de Competitividad (CPC) hemos estimado que la inseguridad le ha costado al Perú más de S/ 6 000 millones en términos de crecimiento entre 2021 y 2024, debido a la pérdida acumulada de actividad productiva. Arequipa se ubica como la sexta región con mayores pérdidas económicas, con un total de S/ 171 millones por los cuatro años (S/ 43 millones anuales). Con dicho monto anual, por ejemplo, se podría triplicar el presupuesto con el que cuenta, en 2025, el Programa Juntos, que brinda transferencias bimensuales de 200 soles a familias pobres del país.

Estas pérdidas económicas podrían incrementarse si la inseguridad continúa escalando y obstaculiza aún más el desarrollo de actividades productivas de alto impacto económico, como la minería. Hace unas semanas, la minera Poderosa en La Libertad alertó sobre el intento de ocupación de sus zonas por parte de mineros ilegales. En la misma región, en mayo, trece trabajadores mineros fueron asesinados, lo que, además de la tragedia humana, disminuye la competitividad del país para atraer nuevas inversiones en minería. En ese sentido, la inseguridad en todas sus formas —hurtos, homicidios, extorsiones o grandes mafias— viene obstaculizando el desarrollo de las principales actividades económicas del país y atentando contra la vida de los peruanos. Por ejemplo, una encuesta de IPSOS, en 2025, reveló que cerca de 8 millones de peruanos han cerrado sus negocios por razones vinculadas a la delincuencia.

Desde el CPC reiteramos nuestras propuestas para reducir la inseguridad ciudadana, entre ellas disminuir el hacinamiento penitenciario (mediante cárceles modulares y asociaciones público-privadas para la construcción y operación de penales) y reducir los altos costos de ingreso a la carrera policial (S/ 16 000 para hombres y S/ 17 000 para mujeres). No obstante, estas medidas tendrán un impacto limitado mientras no se implemente una reforma estratégica del sistema policial y judicial. Casos como la captura del criminal conocido como “El Monstruo”, quien afirmaba recibir información de la propia Policía Nacional para evitar ser detenido, evidencian que cualquier solución técnica requerirá de un sistema más sólido y protegido frente a la corrupción.