Por: Carlos Meneses

Es hora de que la política deje de mirar encuestas para construir discursos y empiece a mirar al ciudadano para ofrecerle soluciones reales.

Los resultados de la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revelan una fotografía preocupante de nuestro panorama político. El 62.7 % de peruanos aún no decide su voto para las elecciones presidenciales de 2026. Este porcentaje no solo es un dato frío: es el reflejo de un país que mira el futuro con escepticismo y que no encuentra en la oferta electoral a candidatos que representen sus expectativas.

En términos estadísticos, no hay diferencias significativas entre los principales postulantes. Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori encabezan las preferencias con 8.5 % y 5.9 %, respectivamente, cifras demasiado pequeñas para hablar de liderazgos sólidos. La gran mayoría aún no ha pensado su voto, dice que podría anularlo, votar en blanco o simplemente no acudir a las urnas. Esta indecisión masiva no es nueva, pero hoy se convierte en un síntoma más agudo de la fragilidad de nuestro sistema político.

El contexto es claro: la desaprobación tanto del Ejecutivo como del Congreso alcanza el 93 %. La ciudadanía percibe al Gobierno y al Parlamento como parte del mismo problema, no como instituciones capaces de ofrecer soluciones. Este rechazo es un terreno fértil para el populismo y para propuestas extremas que prometen “mano dura” o “cambios radicales” sin sustento técnico.

A pocos meses del inicio formal de la campaña electoral, los partidos enfrentan un enorme desafío. No basta con disputar el voto duro de sus simpatizantes: deben reconstruir la confianza en la política y demostrar que cuentan con planes serios para enfrentar los problemas urgentes del país, desde la inseguridad y la corrupción hasta la desigualdad y el estancamiento económico.

El Perú necesita debates de fondo, no solo campañas mediáticas ni ataques personales. La indiferencia del 62.7 % es, en realidad, una advertencia: si los candidatos no se conectan con las verdaderas demandas ciudadanas, la próxima elección podría convertirse en un voto de castigo masivo o, peor aún, en una abstención histórica que debilite aún más nuestra democracia.