Werner Salcedo Álvarez

 A más tardar, el 1 de febrero del 2026 el Estado peruano debe presentar al Centro del Patrimonio Mundial de la Unesco un informe actualizado sobre el estado de conservación del Santuario Histórico de Machu Picchu y las acciones implementadas para garantizar su sostenibilidad.

¿Estamos preparados para rendir cuentas con transparencia y responsabilidad? Lo que enfrenta Machu Picchu no es coyuntural, sino una profunda crisis estructural acumulada durante décadas: monopolios que controlan el transporte ferroviario y terrestre con contratos cuestionables y vencidos; empresas que lucran sin reinvertir lo justo en la región; un hotel ubicado dentro del santuario que sigue operando amparado en medidas cautelares pese a que su concesión ha expirado, y un sistema de venta de entradas que genera descontento.

A ello se suma la debilidad del Estado para fiscalizar los abusos contra cusqueños y turistas; el escaso presupuesto asignado para la conservación del patrimonio, y la falta de voluntad política de autoridades nacionales que han postergado dar soluciones integrales. Si vamos a presentar un informe a la Unesco, que sea honesto y orientado al cambio. Machu Picchu no puede seguir siendo administrado en beneficio de pocos, mientras las comunidades que lo protegen y lo viven a diario siguen marginadas. 

Como titular de la Unidad de Gestión del Santuario Histórico de Machu Picchu (UGM) he venido solicitando reuniones de alto nivel, es decir, con participación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y los ministros de Estado para dialogar y llegar a consensos que den solución integral a favor de nuestra joya natural y cultural. Sin embargo, en los dos últimos encuentros, cuando la crisis estaba en su punto más álgido, solo asistieron viceministros que, pese a su buena disposición, carecen de poder de decisión.

No solo el Cusco ha visto el desinterés y la incapacidad de los entes rectores en querer solucionar los problemas de fondo, también el resto del Perú y la comunidad internacional. Ante ello, y reitero que fue una propuesta ofrecida desde que asumí mi gestión: la creación de una autoridad autónoma y descentralizada, con autonomía técnica, administrativa y financiera, que analice y dé soluciones integrales y efectivas a la gestión turística para Machu Picchu, desde el Cusco. Esta entidad integraría al Gobierno Regional del Cusco, municipio provincial de Urubamba y sus municipios distritales, PCM, empresa privada y sociedad civil. Todos con un representante y derecho a voto. Como gobernador defiendo los intereses de la región, la patria y de Machu Picchu como patrimonio mundial y, por lo mismo, alzo mi voz para rechazar cualquier acto de violencia o agitación que afecten la imagen de nuestro país. Me he sentado con los alcaldes competentes para abordar el problema inmediato, pero esas acciones parciales no resuelven la crisis en su conjunto. Pido diálogo, no discordia; soluciones reales, no parches temporales.