Por Jorge Turpo R.

Un informe de REDES analiza la situación de la inestabilidad política y su impacto directo en la economía. La falta de institucionalidad es un factor determinante.

DAÑO DE LOS GRUPOS DE PODER POLÍTICO

La persistente inestabilidad política en el Perú está hipotecando un crecimiento que podría ser mucho mayor. Según un informe de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), la crisis institucional ya tiene un impacto directo en el crecimiento económico nacional. Aunque hace poco se produjo, una vez más, un cambio abrupto de autoridades, la economía parece resistir. Incluso el tipo de cambio bajó.

¿Significa eso que la economía se separó de la política? De ninguna manera. El problema es que, aunque marcha sola en ciertos indicadores, sigue arrastrando lastre institucional, que obstaculiza que el país crezca a tasas del 5 % anual —o más—, como muchos creían que podía hacerlo dadas las condiciones internacionales.

Uno de los factores clave, apunta REDES, es que la inestabilidad política tensiona la inversión privada.

Las expectativas empresariales se resienten. Cada vez que el país cambia de presidente —entre 2020 y 2022— las expectativas de inversión caían en promedio 17.6 % al mes siguiente.

En un entorno global que presenta precios altos de metales y una demanda creciente de minerales, el Perú podría dar un salto.

El informe recuerda que, con la producción minera en auge y los precios del cobre y del oro elevados, deberíamos estar cerrando 2025 con crecimientos por encima del 5 % anual.

Sin embargo, las proyecciones oficiales y de organismos internacionales sitúan el crecimiento real del producto interno bruto (PIB) en torno al 2.8 % a 3.0 % para 2025.

La razón es clara: crecimiento económico no es solo extraer más oro o cobre, sino contar con instituciones que generen confianza, estabilidad y gobernabilidad.

En ese sentido, el premio Nobel de Economía de 2024, James Robinson, visitó el Perú y advirtió que el país mantiene una dependencia crónica de los recursos naturales porque sus instituciones no logran invertir suficientemente en su gente, en sus capacidades humanas.

A diferencia de países como Corea o Taiwán, que no tienen grandes recursos minerales, y que lograron prosperar porque invirtieron en educación, salud, infraestructura institucional, el Perú sigue mirando al oro y al cobre como pilares del crecimiento.

Pero ese pilar es resbaladizo y agotable. Y sin instituciones sólidas, el crecimiento será limitado y frágil.

El sector minero sí tiene capacidad de arrastre. Los precios altos del cobre, oro, zinc y plata favorecen las exportaciones, pero el problema es que los dividendos de ese auge no siempre llegan a traducirse en mejoras sustanciales del empleo o en el cierre de brechas sociales.

Redes señala que para reducir la pobreza en el país se necesita un crecimiento anual de al menos 6 %.

En regiones como Arequipa, a pesar de que este año se recibieron más de mil 35 millones de soles de canon minero, no se observa un efecto proporcional en el empleo o en obras de desarrollo de impacto regional. Eso habla de una institucionalidad débil, de corrupción, de mala gestión.

Aun con todo, hay datos económicos que muestran que la economía peruana está dando señales de resistencia. En 2024, el crecimiento alcanzó 3.3 % gracias a la recuperación del consumo interno, de la inversión pública y del buen momento de los términos de intercambio.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó recientemente que el crecimiento será de 2.9 % en 2025.

Además, la inflación se mantiene dentro del rango meta del 1 % al 3 % y el sistema financiero está sano. Pero ese crecimiento moderado es justamente la señal de que algo está fallando en la caja de engranajes institucionales: la economía podría más, pero no lo hace por miedo, incertidumbre y cambio político constante.

La paradoja es que se habla de “la economía marcha sola” —y en cierto modo sí lo hace—, pero el freno invisible es la política.

Las empresas aplazan decisiones de inversión hasta que sepan quién manda, qué rumbo tomará la regulación, qué pasará con el canon, con los derechos laborales, con la concesión de obras.

Esa espera es pérdida de tiempo, oportunidades y empleos. Inestabilidad política significa menor inversión privada, y menor inversión privada significa crecimiento menor. El círculo se nutre de sí mismo.

Si el país quisiera realmente aspirar al crecimiento del 5 % anual, requeriría tres cosas concretas: estabilidad política que genere confianza, instituciones que funcionen para invertir en capital humano y gestionar bien los recursos, especialmente los del canon, y un marco normativo que permita a la inversión florecer sin que cada cambio de gobierno signifique un seísmo para los negocios.

De lo contrario, muchos de los miles de millones que genera la minería terminarán como cifras en un formato contable, sin traducirse en oportunidades reales para la mayoría.