César Aguilar, contralor de la República dialogó con El Pueblo.

Por Jorge Turpo R.

El contralor, César Aguilar, estuvo en Arequipa y analizó la problemática que rodea, sobre todo, a la ejecución de obras.

INTENSIFICAN LABOR PARA LUCHA CONTRA CORRUPCIÓN

Luego de realizar operativos y supervisar el estado de obras en Arequipa, el contralor general, César Aguilar, ofreció esta entrevista a El Pueblo donde reconoce que el principal problema para que los proyectos se paralicen o incrementen su presupuesto, está en la mala elaboración de los expedientes técnicos.

Aguilar, explica que no tiene el personal suficiente para hacer el seguimiento a todos los expedientes técnicos desde su elaboración, pero que ya están interviniendo en los más relevantes para evitar el despilfarro en algunas obras.

Una de las revelaciones más comentadas de su visita ha sido lo hallado en las comisarías. Digamos que la Contraloría no “descubrió la pólvora” con eso, porque todos sabemos y padecemos el estado calamitoso de las comisarías. La gran pregunta es: ¿Dónde está el dinero que el Ministerio del Interior debe destinar a las comisarías?

– Actualmente estamos realizando servicios de control en el Ministerio del Interior, precisamente para analizar el nivel de ejecución presupuestal. Si una comisaría no tiene lo indispensable, significa que no se ha adquirido lo necesario y eso se refleja en el presupuesto: no se ha ejecutado. Pero si en los registros aparece un alto nivel de ejecución y en la realidad no existen los bienes, hay que analizar por qué. En eso estamos trabajando.

Si existiera un ranking de regiones con mayores índices de corrupción o ineficiencia, ¿dónde se ubicaría Arequipa?

– A diferencia de gestiones anteriores, nosotros no trabajamos con cifras ni rankings. Nos concentramos en ir a las regiones, reactivar obras y generar rentabilidad social. En ese aspecto, Arequipa es ejemplar: estamos destrabando el mayor número de obras posibles, lo que finalmente beneficia a la gente.

Pero mientras unas obras se reactivan, otras se paralizan. Ayer hubo protestas en Sabandía por una obra de un colegio que quedó abandonada. ¿Por qué los gobiernos regionales no aprenden, si ustedes les dan herramientas legales y técnicas?

– El problema es la falta de capacidad de gestión. No basta con tener funcionarios moralmente intachables, también deben ser técnicamente competentes. La capacidad técnica también es un valor moral. En el Estado, en general, sufrimos una carencia de gestión técnica seria, y eso explica gran parte de los problemas.

Arequipa ha recibido más de mil millones de soles por canon minero este año. ¿Qué está haciendo la Contraloría para mejorar su uso?

–El canon tiene una finalidad específica: financiar infraestructura y su mantenimiento. No puede usarse para comprar vehículos ni pagar planillas. Desde la Contraloría vamos a emitir recomendaciones sobre su mejor aprovechamiento. Ya hemos tenido procedimientos sancionadores por el uso inadecuado del canon y, en base a esa experiencia, plantearemos propuestas normativas diferenciadas por regiones. Pero hay que tener cuidado porque toda ley debe cerrar las puertas por donde se pueda hacer trampa.

¿Es legal usar dinero del canon para pagar planillas o financiar fortalecimiento institucional?

–No. El canon tiene fines definidos. Usarlo para otros propósitos es una infracción. No se puede transferir fondos de una finalidad a otra, eso es irregular.

Uno de los principales problemas de las obras públicas son los expedientes técnicos mal elaborados. ¿Qué está haciendo la Contraloría al respecto?

–Desde que asumí el cargo, el año pasado, hemos replanteado el control concurrente. Esta modalidad debía acompañar la ejecución para evitar sobrecostos o paralizaciones, pero muchas veces se aplicó tarde y con un costo adicional del 2% del valor total de la obra, lo que encarecía innecesariamente los proyectos. Por eso estamos proponiendo una ley para eliminar ese financiamiento adicional. La Contraloría debe asumir el control concurrente con sus propios recursos. Además, estamos interviniendo desde antes. Ya acompañamos la elaboración de expedientes técnicos para prevenir errores desde el origen.

¿Requieren una norma especial para eso?

–No, ya lo estamos haciendo. Pero enfrentamos un problema presupuestal. Miles de trabajadores de la Contraloría tuvieron que salir por contratos temporales vencidos. Eso ha limitado nuestra capacidad de replicar este modelo preventivo en todas las regiones.

¿Qué han detectado en la elaboración de expedientes técnicos? ¿Se hacen desde el escritorio y no en el campo?

–Sí, muchos se hacen como usted lo dice, sin estudios de suelo ni calicatas, y con profesionales que no tienen la experiencia necesaria. Es una práctica extendida, se ahorra tiempo, pero se paga caro después. Por eso insistimos en acompañar desde el planeamiento.

¿Cree que se debería eliminar la modalidad de obras por administración directa?

–La administración directa es muy particular, te saltas varios procedimientos formales. Pero el problema es cómo se llega a ella. Hemos detectado que muchas veces empieza con una licitación pública que se paraliza porque no se hicieron los pagos o se incumplieron los contratos. Entonces, para “salir del apuro”, se pasa a administración directa. Eso abre la puerta a irregularidades. Estamos investigando esos casos.

¿Han detectado irregularidades concretas?

–Sí. Tenemos hospitales con seis años de ejecución, estructuras antisísmicas mal colocadas y obras que convocan nuevos saldos cuando aún hay fallas sin resolver. Es un problema nacional, pero en Arequipa lo estamos analizando a fondo. Nuestros servicios de control ya están determinando responsabilidades y trasladando los casos al Ministerio Público.

¿Tiene solución la corrupción en el Perú?

–Sí, pero requiere el esfuerzo de todos. Se ha vendido la idea equivocada de que la Contraloría es la que lucha contra la corrupción. Eso no está en ninguna ley. La lucha anticorrupción es tarea de todas las entidades públicas y de cada ciudadano.