Por: Carlos meneses

La Corte de Arequipa tiene ahora la obligación moral y legal de restituir la confianza perdida. Investigar, sancionar y corregir. Solo así podrá limpiar su nombre y demostrar que la justicia empieza por casa. La ciudadanía no espera gestos, sino resultados. La impunidad, en este caso, sería una nueva condena contra el propio sistema judicial.

La anulación del examen para plazas indeterminadas en la Corte Superior de Justicia de Arequipa no es un simple tropiezo administrativo: es un hecho gravísimo que afecta la confianza en una institución llamada precisamente a garantizar la legalidad y la justicia. Más de dos mil postulantes han sido perjudicados por la filtración de una prueba que debía ser custodiada con el máximo rigor y transparencia.

La confirmación de que el examen fue copiado y vendido antes de su aplicación —presuntamente desde el taller de impresión contratado por la propia Corte— revela una cadena de negligencias inadmisibles. La institución que exige probidad y ética a quienes imparte justicia no puede permitirse fallas tan elementales en un proceso interno. Lo ocurrido compromete no solo la credibilidad de la Corte, sino también la dignidad del sistema judicial en su conjunto.

Resulta indispensable que este caso se esclarezca de manera integral. No bastará con la anulación del examen ni con un comunicado administrativo. La investigación debe ser exhaustiva, identificar a los responsables directos e indirectos, y aplicar sanciones ejemplares. Si la filtración ocurrió dentro de un taller externo, alguien debió supervisar su trabajo; si se vulneraron los controles informáticos, alguien debió detectarlo. La responsabilidad institucional no se diluye en el anonimato.

El silencio del presidente de la Corte, Nicolás Iscarra Pongo, tampoco ayuda a despejar las dudas. En una coyuntura que afecta la imagen pública del Poder Judicial, el silencio equivale a indiferencia. Los ciudadanos, y especialmente los postulantes perjudicados, merecen una explicación clara y oportuna.

La lección es contundente: la transparencia no se declama, se garantiza. Cada proceso que involucra fondos públicos o aspiraciones laborales debe ser custodiado con la misma severidad con la que se exige honestidad a los justiciables. De nada sirve pregonar reformas o modernización institucional si los propios mecanismos internos son vulnerables al fraude.